SOCIEDAD | Segunda jornada

La salud en juego: Pergamino lleva la contaminación a juicio

Con testimonios de víctimas directas y pruebas científicas contundentes, avanza un juicio histórico contra productores, un profesional y exfuncionarios municipales acusados de permitir fumigaciones con agroquímicos en zonas urbanas, afectando la salud y el ambiente.

Pergamino lleva la contaminación a juicio

Pergamino lleva la contaminación a juicio

13-02-2026

Pergamino atraviesa un proceso judicial sin precedentes que pone en el centro del debate el impacto sanitario y ambiental de las fumigaciones con agroquímicos realizadas durante años en áreas cercanas a viviendas, escuelas y barrios densamente poblados. En la segunda jornada del juicio oral, los testimonios de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, vecinas afectadas y querellantes, expusieron el costado más crudo de una contaminación sostenida y la falta de controles estatales.

Ortiz relató ante el tribunal el deterioro progresivo de la salud de su familia, las enfermedades graves sufridas por sus hijos y las consecuencias irreversibles que dejaron las aplicaciones cercanas a su vivienda. Estudios toxicológicos incorporados a la causa confirmaron la presencia de agroquímicos en sus cuerpos, en niveles considerados de alto riesgo biológico. “Con la salud no se juega”, afirmó, al reclamar justicia por años de padecimiento y abandono.

En la misma línea, Bianco detalló un relevamiento barrial que reveló numerosos casos de cáncer y enfermedades autoinmunes, asociados a la contaminación del agua de consumo. Las pericias detectaron plaguicidas peligrosos en el suelo, el agua corriente y el acuífero Puelche, además de daño genotóxico en habitantes de la zona. “No eran casos aislados: el problema atravesaba a todo el barrio”, sostuvo.

El juicio tiene como imputados a siete productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales, acusados de violar normativas ambientales, incumplir medidas cautelares y permitir aplicaciones con agroquímicos sin los controles correspondientes. La Fiscalía encuadró los hechos como delitos ambientales graves, con penas que incluyen prisión e inhabilitación.

Más allá de las responsabilidades individuales, el proceso judicial interpela a las prácticas concretas que se llevaron adelante y al rol del Estado en el control de las actividades productivas. Por primera vez en la región, la Justicia analiza de manera penal una trama de decisiones, omisiones y consecuencias que dejaron marcas en los cuerpos, el agua y el territorio.

Para las víctimas, el juicio representa mucho más que una instancia legal: es la posibilidad de que la salud pública y el ambiente dejen de ser variables secundarias y pasen a ocupar el lugar que les corresponde. Un escenario donde la ciencia aporta pruebas, las personas ponen voz a su dolor y la Justicia define si habrá responsables.

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