“No vine a     inculpar, ni a exculpar a nadie”, sostuvo el diputado     duhaldista Juan     José Alvarez, apenas salió de declarar en el juicio     político a Aníbal Ibarra. Alvarez desembarcó tras Cromañón en     el Gobierno porteño y se hizo cargo de la Secretaría de     Seguridad. Ayer dijo que la encontró “en una enorme crisis” y     que, con la misma normativa, duplicó las inspecciones y     clausuró 500 locales. Su testimonio –al igual que el de Diego     Gorgal, que ejerce actualmente el cargo– contrastó con el de     los inspectores que aseguraron la semana pasada que no se podía     clausurar. “El Estado recuperó la capacidad de fiscalización,     que perdió mucho antes de Cromañón”, evaluó el fiscal Jorge     Enríquez, mientras que el defensor Julio Golodny destacó que     “Alvarez fue favorable a Ibarra, porque dijo que recibió su     apoyo”.
    
     Apenas entró, Alvarez     explicó que había renunciado a su derecho, como diputado, de     responder por escrito y que incluso había concurrido al     enterarse por los medios, porque la citación oficial nunca la     recibió. Fue muy precavido en sus respuestas, pero dejó     entrever algunas falencias del esquema previo. Contó que en los     120 días que estuvo a cargo hizo una 500 clausuras con la misma     normativa de antes de Cromañón. “Hicimos una oleada de     inspecciones, que para algunos fue un show, pero le decía a la     sociedad que estábamos controlando”, recordó, e incluso se     permitió citar a Perón (“el hombre es bueno, pero si se lo     controla es mejor”). Aseguró que se duplicaron las     inspecciones, que creó un mapa de riesgo –que le tomó un mes– y     un registro donde los boliches debían inscribirse previamente     para funcionar. “Si existía antes, no tengo conocimiento”,     dijo.
   
     Respiró hondo cuando le     preguntaron cómo había encontrado el área. Recurrió a la     interpelación a Ibarra: “El jefe de Gobierno dijo que el área     no funcionaba ni de lejos correctamente. Mi sensación es que     había mucho por hacer”. Remarcó la presión de la sociedad     después del incendio. “Llego a un lugar donde había una enorme     crisis”, reiteró, y luego lo relativizó: “No es que tuve que     sacar de abajo de la tierra lo que no había. Había gente     valiosa y mecanismos adecuados. No alcanzó”, sentenció.
   
     Gorgal confirmó las     líneas que planteó Alvarez, aunque la mayor parte de su     declaración pareció un informe de gestión. Recordó que Ibarra     ordenó que no fuera a la comisión investigadora de Cromañón,     que estaba integrada únicamente por la oposición. “Había una     valoración política para no concurrir”, explicó. Sostuvo que el     inspector no debe consultar cuando hay que clausurar un local y     que sin certificado de incendios, se clausura. Los inspectores     que declararon la semana pasada habían dicho lo contrario sobre     la gestión de Fabiana Fizsbin. Gorgal aseguró que en 2005 se     hicieron 50 mil inspecciones, frente a 16 mil de 2004.
   
     A pesar de que la     fiscalía interpretó que los testimonios sirven a su estrategia,     en el gobierno porteño evaluaron que fue favorable a Ibarra.     “Alvarez no hizo un planteo tajante, del tipo ‘antes era un     desastre’”, analizó el secretario de Comunicación porteño,     Daniel Rosso, que consideró que la gestión de Fizsbin “operó     sobre una situación previa de corrupción. Antes tenías un     número alto de inspecciones y uno bajo de clausuras”. Señaló     que en 2003, hubo 45 mil inspecciones y 400 clausuras, y que en     2004 hubo 16 mil inspecciones y más de 1500 clausuras.
   
     Ayer faltaron Ana     Fernández y Gustavo Torres, dos ex funcionarios procesados en     la causa de Cromañón. Sí asistió el ex coordinador de la UPI,     Horacio Santinelli, que fue separado del cargo cuando asumió     Fizsbin en 2003. Fue asesor del legislador Ariel Schiffrin, un     ex aliado político de Ibarra que lo enfrentó duramente tras     Cromañón. Contó que cuando se formó la UPI trabajaban en una     pizzería. “Esta situación duró un mes y medio”, explicó.     Además, dijo saber de una cena de fin de año en 2003 en el     boliche Millenium –cuya habilitación se cuestionó en el juicio–     de la que participaron Fizsbin y Vilma Ibarra. También relató     un incidente con el director de Fiscalización y Control,     Alejandro Kampelmacher, que intentó impedir que clausuraran una     parrilla. Kampelmacher fue separado junto con otros 500     empleados cuando Ibarra descubrió un “focazo de corrupción”.     Kampelmacher, que declaró después, negó el incidente. “¿Usted o     su esposa son dueños de una parrilla?”, preguntó la macrista     Silvia Majdalani. “La única parrilla que conozco es la del     fondo de mi casa”, contestó.
   
     Informe: Werner     Pertot.
   

     Juan José Alvarez llegó a     la Secretaría de Seguridad luego de la tragedia de     Cromañón.