| El asedio a la Legislatura por un minúsculo grupo que impidió la   sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no dejó vidrio sano   y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores, marca un   límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave   riesgo para su futuro. Se iban a tratar las enmiendas al Código de Convivencia   promovidas por el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri. Su   proyecto confunde contravenciones con delitos, promueve   soluciones violentas para conflictos vecinales, devalúa la   libertad de los pobres. Con toda razón, muchos afectados   procuraban hacer reflexionar a los legisladores. Sobre estos   reclamos se montaron las microfracciones de la paleoizquierda,   que sueñan con la toma del Palacio de Invierno. Como cada vez   convocan a menor número han incrementado la audacia de sus   acciones. El más silencioso y pensante de sus líderes decidió   prenderle fuego a la sede de Repsol y la escalada que se inició   esa tarde no cesa. Desprecian el marco institucional y desearían   tirarlo abajo para construir una república democrática popular   del área de una manzana, que es su máximo horizonte.
 El gobierno nacional definió una política sagaz y decente: no   reprimir. Pero esto requiere una planificación y una ejecución en   el terreno, cuya ausencia es tan funcional a los intereses   creados que detestan a este gobierno imprevisto como la   previsible provocación trotskysta. En el verano de 2001/2 creían   que el poder estaba al alcance de la mano. La movilización no era   de centenares sino de decenas de miles de personas. El secretario   de Seguridad Juan José   Alvarez definió una política: disuadir por el número   de efectivos, el vallado y la prevención. Con buena información   (obtenida por el diálogo directo con los manifestantes antes que   por la infiltración de inteligencia) y control político   inflexible sobre una fuerza de seguridad a la que no se le   permitía el uso de armas letales, consiguió atravesar esos   tórridos meses sin víctimas que ensombrecieran más aún al país.   Su minimalismo no recibió el reconocimiento que merecía.
 Hoy la contención no violenta debería ser mucho más fácil, por la   soledad en que se mueven los adoradores del fuego. Pero la   escandalosa ineficacia de la Secretaría de Seguridad convierte   cada manifestación en una ruleta rusa y encierra al gobierno en   un dilema con dos términos perdedores: los del descontrol o la   muerte. Norberto Quantín y José María Campagnoli hicieron un buen   trabajo como fiscales de la ciudad Buenos Aires. No les da para   más y cada día se les nota más. La incapacidad de ese equipo es   una bendición para quienes, como dice el presidente Kirchner,   quieren inviabilizar su gobierno. Ayer se vio que pueden   lograrlo. El tiempo no sobra.
 11:25 PM - 15/4/2013 -  {0} - Durante el último año se llamó a   silencio y optó por el bajo perfil. Ahora, a un paso de ocupar la   Secretaría de Seguridad porteña, y luego de la tragedia en el   boliche República Cromagnon que ya se cobró 187 vidas, el   diputado nacional Juan José   Alvarez (PJ-Buenos Aires) regresa a un lugar de   máxima exposición pública.
 Ubicado en una de las últimas filas en el recinto de la Cámara   baja, Alvarez no pronunció muchos discursos desde que asumió su   cargo por el PJ en diciembre de 2003, como parte del llamado   "tren fantasma", frase con la que la oposición identificó a las   viejas figuras de la política que llegaron a la Cámara y   desilusionaron a quienes esperaban nuevas caras, luego de la   crisis de 2001 y del "que se vayan todos".
 
 Alvarez conoce bien la cartera de Seguridad, que comenzaría a   manejar en las próximas horas. De perfil dialoguista y a la vez   frontal, entre el 25 de octubre y el 23 de diciembre de 2001 fue   secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante   la administración del entonces gobernador Carlos Ruckauf, gestión   signada por los saqueos que conmovieron al país.
 
 Se lo acusó de conducir una policía ineficaz, pero él se defendió   con su estilo: "Prefiero que se pierdan latas de tomates y no   vidas humanas", respondió.
 
 El 24 de diciembre de 2001 el funcionario fue elegido por el   fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá para la Secretaría de   Seguridad Interior, cargo en el que fue confirmado más tarde por   el ex primer mandatario Eduardo Duhalde, su padrino político.
 
 Desde esa función, Alvarez coordinó el operativo conjunto de las   fuerzas de seguridad montado alrededor del puente Pueyrredón, el   26 de junio de 2002, para contener una protesta piquetera.
 
 Ese día, la marcha terminó con la muerte de los piqueteros   Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento   de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, que obligó a   Duhalde a acortar seis meses su mandato presidencial.
 
 Moderado
 
 El 10 de julio de ese año fue premiado por su mentor y juró como   ministro de la unificada cartera de Justicia y Seguridad. Esquivo   a la hora de las definiciones políticas (no se considera ni   partidario de la "mano dura" ni "garantista"), Alvarez acompañó a   Duhalde hasta el final de su mandato y volvió al Ministerio de   Seguridad provincial de la mano del gobernador Felipe Solá, en   septiembre de 2003, en reemplazo de Juan Pablo Cafiero.
 
 "Hay policías buenos y policías malditos", declaró un mes después   de asumir, cuando la política gubernamental de depuración   policial que defendía comenzó a mostrar su ineficacia y a recoger   descontento en las fuerzas de seguridad.
 
 El ex ministro de Justicia Gustavo Beliz había calificado por   esos días de "gravísima" la situación de inseguridad en la   provincia y preparaba el plan de seguridad anunciado en la Casa   de Gobierno en abril de 2004, sin concreción efectiva.
 
 "Los lemas de mi gestión son idoneidad y transparencia", afirmó   luego este abogado, egresado de la UCA. Primer intendente del   partido bonaerense de Hurlingham (entre 1995 y 1998, y desde 1999   hasta 2001), y alguna vez cercano a Carlos Menem, Alvarez forjó   un fuerte vínculo político con otros dos jefes comunales de   extracción duhaldista: Alberto Balestrini (La Matanza) y Julio   Alak (La Plata), con quienes formó un polo de poder independiente   dentro del PJ, conocido como "Los tres mosqueteros".
 
 Integrante de las comisiones de Legislación General, Asuntos   Constitucionales, Comunicaciones e Informática, Juicio Político y   Transportes, desde que asumió en Diputados presentó sólo nueve   proyectos, según datos extraídos de la página web de la Cámara   baja.
 
 Ahora, a los 50 años, este hincha fanático de River Plate que   suele jugar de arquero en improvisados picados con sus amigos   tendrá que utilizar sus reflejos, experiencia y cualidades de   negociación para delimitar cuidadosamente las políticas que   utilizará para poner paños fríos sobre el dolor y la furia de una   sociedad sacudida por la tragedia.
 11:24 PM - 15/4/2013 -  {0} -  | Descripción 
 
 
 
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