Mineria en Catamarca

La Asamblea del Año XIII no redactó la constitución, pero sí dictó numerosas leyes y normas que modelarían la organización social nacional, reflejando las aspiraciones, necesidades y sueños del país en ciernes.

Este congreso de los representantes populares sesionó en Buenos Aires entre el 31 de enero de 1813 y el 26 de enero de 1815. Fue presidida por el entonces integrante del Triunvirato, Juan Larrea, y una de sus primeras decisiones fue la de impulsar la actividad minera del naciente país, a través de una serie de medidas adoptadas por Ley del 7 de mayo de 1813.

La importancia que se le dio a la minería como para que fuera uno de los primeros temas abordados, se justificaba en la convergencia de dos datos centrales: los ejércitos patriotas necesitaban los minerales para fabricar armas y movilizar las tropas, y el país necesitaba un motor que movilizara la independencia económica.

Uno de los impulsores de medidas concretas para desarrollar la actividad minera fue el Dr. Vicente López y Planes -autor del Himno, secretario de Hacienda del Triunvirato y segundo presidente de la Nación-, quien logró, entre otros puntos, que se aprobara el otorgamiento de la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de La Plata, a quien descubriese una mina explotable.

La Asamblea de 1813 tuvo una actuación clave para la minería en Argentina, al impulsar varias leyes que dieron marco y propiciaron la actividad en el país. En pocos días más se cumplirán 200 años de la sanción de lo que se conoce como el primer reglamento minero argentino.

La Asamblea del Año XIII, también conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana del Año 1813, fue un congreso convocado por el Segundo Triunvirato (órgano que ejerció como Poder Ejecutivo Nacional entre 1812 y 1814), integrado por diputados que representaban a cada una de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con el objetivo central de redactar una constitución para el nuevo estado, y las normas liminares que organizarían ese país incipiente que era Argentina.

La caída de los precios internacionales de los metales y la necesidad de que la Argentina ofrezca un escenario “competitivo” para las inversiones serán dos de las líneas centrales que recorrerán hoy el almuerzo por el Día de la Minería. El encuentro, que reunirá a todos los operadores mineros del país (entre ellos los de la minería en Jujuy), estará atravesado por el 200º aniversario de la creación de la primera ley de fomento minero, que impulsó el secretario de Hacienda del Triunvirato, Vicente López y Planes.

Si bien el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, mantiene en reserva el discurso, varias fuentes del sector coincidieron en que esos dos temas “vienen conversándose mucho en las reuniones de la entidad”. Pero también convinieron en que se evitará confrontar abiertamente con el Gobierno aunque “sigan las demoras en la remisión de utilidades” a las casas matrices, indicaron a BAE Negocios.

Es ese otro punto que preocupa a las empresas que conforman el quinto complejo exportador del país, emplea a unos 100.000 trabajadores en forma directa y durante el año pasado realizó exportaciones por unos u$s5.300 millones. A principio de año, la administración central comenzó a autorizar –como anticipó este diario a mediados de enero– el giro de dividendos, que se aprueba o frena directamente en el Banco Central y mediante un llamado telefónico a la entidad bancaria que solicita la autorización para hacer la transferencia.

Esa decisión descomprimió un poco las quejas de los gerentes de las mineras, que durante el año pasado tuvieron frenados unos u$s900 millones que no pudieron remitir a sus casas matrices. Pero aunque esas autorizaciones fueron puntuales y “a cuentagotas”, como definieron los empresarios, permitieron congelar los planteos privados sobre congelamiento de decisiones de inversión.

Ese mecanismo, de frenar o liberar la salida de dólares del sector minero fue posible por el decreto 1.722 de fines de octubre de 2011, que eliminó el beneficio que sólo tenían las mineras y empresas petroleras de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior. Eso las obligó a pasar su dinero físico por el país y a tener que conseguir una autorización para luego remitirlo a sus casas centrales.