El juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a tres exfuncionarios por irregularidades con la renegociación de los contratos de concesiones de los peajes de los Accesos Norte y Oeste, y señaló que "Javier Iguael, con la asistencia de Stoddart y Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente”.
Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a la obra pública.
Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.
Iguacel se anotició del procesamiento el martes, horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los planteos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otro expediente en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la Dirección de Vialidad.
En ese contexto, escribió en su cuenta de la red social twitter: "Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo”.
Origen de la causa
Se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.
Allí sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular acción que, según su consideración, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación. (InfoGEI)
Escuchar esta noticia
