Sociedad | Denuncian persecución política
La defensa de la ex presidenta pidió anular la confiscación de propiedades en Santa Cruz y denunció persecución política. La Justicia debe definir si avanza el decomiso millonario de bienes vinculados a la causa.
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La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó la nulidad del decomiso de 19 propiedades pertenecientes a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la denominada Causa Vialidad en Argentina.
El planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde los abogados sostuvieron que la medida constituye “un acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.
Las propiedades cuestionadas se encuentran en Santa Cruz, Argentina y forman parte del conjunto de bienes incluidos en el proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo.
Frente al pedido de la defensa, el fiscal Mario Villar solicitó a la Cámara que rechace los recursos presentados y permita avanzar con el decomiso de más de 100 bienes vinculados a la causa.
En términos económicos, el proceso apunta a confiscar activos por un monto estimado de $684.990.350.139, que incluyen propiedades, empresas y hoteles asociados al patrimonio familiar.
Entre los bienes bajo análisis también aparecen activos relacionados con el empresario Lázaro Báez y firmas como Austral Construcciones, además del Hotel Los Sauces, vinculado al entorno de la ex mandataria.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, debía realizar una audiencia para analizar el caso, aunque finalmente las partes optaron por presentar escritos en lugar de exponer oralmente.
Ahora será ese tribunal el encargado de definir si se mantiene la orden de decomiso dictada por el Tribunal Oral Federal 2 o si se da lugar al planteo de nulidad presentado por la defensa.
La orden de confiscación había sido firmada el 18 de noviembre del año pasado, luego de que Casación confirmara la actualización del monto a decomisar, cercano a los $685 mil millones, en uno de los capítulos económicos más relevantes de la Causa Vialidad.
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