El Tribunal Oral Federal 6 condenó este viernes al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a 8 años de prisión y al exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (su segunda presidencia, de 2011 a 2015), Julio De Vido, a 4 años de cárcel, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por la compra de trenes a Portugal y España.
En su fallo, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, condenaron a Jaime “a las penas de ocho (8) años de prisión, multa de catorce millones novecientos noventa y un mil trescientos ochenta y cinco pesos ($14.991.385), inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor, delitos que concursan materialmente entre sí, en el marco de la causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.
También condenaron a la hija de Jaime, Julieta Cecilia, “a las penas de dos (2) años y cuatro (4) meses de prisión en suspenso, multa de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000), inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del proceso, por considerarla partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.
Por el lado de De Vido, fue sentenciado “a las penas de cuatro (4) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública -causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.
Según se determinó en el juicio, las sumas ilegales se percibieron a través de una firma que manejaba Manuel Vázquez, sindicado como principal testaferro de Jaime y también condenado junto al exsecretario de Transporte. En su caso, la pena fue de cinco años y ocho meses de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, el hijo de Vázquez, Julián, involucrado en el entramado del enriquecimiento de Jaime, fue condenado dos años y ocho meses de prisión en suspenso.
Según la fiscal del caso, Gabriela Baigún, los exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina, pero ventajosas para ellos”.
Por eso, fueron acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que rondaba los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.
“Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”, consideró Baigún en su escrito, quien consideró que De Vido y Jaime “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban inútiles para el sistema ferroviario argentino.
Los contratos para la compra de esos trenes “fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones”, según la fiscal.
La investigación por enriquecimiento ilícito de Jaime había comenzado en agosto de 2008 y fue procesado en 2013 por el juez Sebastián Casanello. En 2016, el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio, que tras una disputa de competencia entre tribunales orales que duró ocho meses, se inició en 2019. Se demoró con las complicaciones por la pandemia y recién llegó a su fin este viernes.
Jaime se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza desde 2016 por varias condenas: una, firmada por el tribunal Oral Federal 2 de Córdoba en septiembre de 2013 en la que se lo acusó de intentar robar pruebas en un allanamiento de la causa por enriquecimiento ilícito que este viernes llegó a su fin y cuya condena está firme. Otra, dictada en octubre de 2015, cuando Jaime admitió haber cobrado coimas ante el fiscal Guillermo Marijuán. El juez Julián Ercolini lo condenó a la pena de un año y medio de prisión (compuesta con la condena anterior). El ex funcionario pactó una pena en un juicio abreviado y de esa manera confesó haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Transporte.
Además, Unos meses antes, Jaime había sido condenado por su responsabilidad por la Tragedia de Once, de acuerdo al fallo del Tribunal Oral Federal 2, que lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta y le dio una pena de siete años de prisión. Casación revisó esa condena y la modificó: determinó que Jaime era responsable también por el estrago (es decir por el choque) y le subió la pena a ocho años de prisión, que empezó a cumplir en 2018. Pero en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas del resto de los imputados en la Tragedia de Once, señaló que la de Jaime por estrago debía ser revisada otra vez por Casación. Por eso la condena por la Tragedia de Once aún no está firme.
Por su parte, De Vido permanece en libertad, a la espera de que quede firme o sea revocada una condena a cinco años y ocho meses de cárcel por la Tragedia de Once. (DIB)
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