El sistema judicial argentino empieza a recibir demandas de alto impacto vinculadas a la vacunación contra el COVID-19. Un jubilado mendocino presentó una demanda contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca, reclamando $152.058.050 como reparación por los daños sufridos tras desarrollar trombosis venosa profunda (TVP).
El caso no solo apunta a obtener una indemnización, sino que busca la inconstitucionalidad de la Ley 27.573, norma que durante la pandemia permitió firmar contratos confidenciales y eximió a las farmacéuticas de responsabilidad legal. Esta ley obliga a los damnificados a recurrir al Fondo de Reparación Covid-19, que otorga compensaciones limitadas y solo para efectos graves “científicamente comprobados”.
El jubilado argumentó en su presentación daño moral, incapacidad sobreviniente, gastos médicos, pérdida de chance y daño punitivo. Además, sostuvo que la carga de la prueba que impone la ley deja a muchas víctimas fuera de la posibilidad de acceder a justicia.
El caso que conmueve a Córdoba
En paralelo, la familia de Ronald Biglione, exfutbolista de 32 años de Laboulaye, demandó por $442 millones a AstraZeneca SA y al Estado nacional. Biglione recibió dos dosis de la vacuna en 2021 y pocos días después desarrolló Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT), una enfermedad que genera coágulos y provoca plaquetopenia severa.
Tras 15 días en terapia intensiva sin mejoras neurológicas, Biglione falleció. Su esposa, en representación de sus dos hijas, sostiene que gozaba de un “excelente estado de salud” antes de la vacunación y que el caso fue denunciado como ESAVI (Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación).
Este es el primer caso en Córdoba vinculado a un fallecimiento y podría sentar precedente judicial en el país. La demanda se da en un contexto internacional donde varios países suspendieron el uso de AstraZeneca de manera preventiva, pese a que organismos como la EMA concluyeron que los beneficios superaban los riesgos.
Ambos casos podrían abrir una discusión constitucional en Argentina sobre el derecho a la reparación de quienes alegan haber sufrido consecuencias graves tras la vacunación.
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