Policiales | Presunto contrabando
Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña, está siendo investigada por presunto contrabando simulado tras importar indumentaria utilizando datos fiscales de cinco mandatarios provinciales.
La influencer y cantante de cumbia Valentina Olguín, de 26 años, se convirtió en el centro de una causa judicial por presunto contrabando simulado, al ser acusada de utilizar CUIT de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde Miami. Entre los nombres utilizados figuran Axel Kicillof, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio y Sergio Ziliotto.
El caso estalló en noviembre de 2024, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue alertado por compras realizadas en su nombre en tiendas de Estados Unidos. Tras confirmar que no eran suyas, Jaldo denunció ante la Aduana, la ARCA y la Fiscalía Federal de Tucumán, que ahora encabeza la investigación junto al juez José Manuel Díaz Vélez.
Las pesquisas revelaron que Olguín ingresaba indumentaria utilizando datos fiscales ajenos, inicialmente de conocidos, y luego de funcionarios públicos, presuntamente seleccionados "al azar". La ropa provenía de la marca Revolver, con la que mantenía canjes promocionales para sus redes sociales y presentaciones en vivo.
Su abogada, Claudia Paz, aseguró que la joven no tenía intenciones de comercializar la ropa ni sacar rédito económico, pero reconoció que se cometió una “simulación aduanera” al usar datos de terceros sin consentimiento. “Los impuestos estaban pagos y no hubo ventas, pero admitimos el error y estamos buscando un acuerdo judicial”, declaró Paz, quien también confirmó que Olguín ofreció disculpas públicas y privadas.
Aunque por ahora la causa se concentra en Tucumán, no se descarta que los otros mandatarios afectados tomen medidas. El caso generó inquietud sobre cómo accedió la influencer a información sensible, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.
Mientras la Justicia define su situación procesal, el caso deja en evidencia los vacíos de control en las operaciones aduaneras, y el delicado límite entre la informalidad de las redes sociales y los delitos federales.