Pergamino marca un precedente judicial en protección ambiental y derechos colectivos

El fiscal federal Federico Reynares Solari rechazó el pedido de la Municipalidad de Pergamino de levantar las restricciones que impiden fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de 1.095 metros del área urbana y obligan a asegurar agua potable segura para los barrios periféricos.

La causa, iniciada en noviembre de 2018 por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, surgió ante denuncias de enfermedades crónicas y contaminación de agua vinculadas a la exposición a fumigaciones cercanas a viviendas. El dictamen se fundamenta en el principio precautorio, priorizando la protección de los derechos colectivos frente a posibles daños graves e irreversibles.

El municipio había solicitado levantar las restricciones alegando mejoras ambientales y costos económicos, con respaldo del agronegocio y un protocolo de certificación Iram. Sin embargo, el fiscal subrayó que los avances solo se lograron gracias a la vigencia de las medidas y que no pueden sustituir la protección preventiva que estas brindan.

El fallo adquiere alcance regional, reforzando criterios de resguardo para fumigaciones con agroquímicos y consolidando precedentes en localidades como San Jorge, Alberti, Ituzaingó Anexo, Sastre, Zenón Pereyra y Piamonte.

El juicio oral, programado para el 3 de diciembre de 2025 en el Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario, juzgará a tres productores agroindustriales por contaminación ambiental y exposición a agroquímicos, con la participación de más de 40 testigos y expertos en salud, toxicología y agroquímica.

El dictamen refuerza un mensaje claro: la protección del ambiente y la salud colectiva prevalece sobre intereses económicos, validando los reclamos históricos de los pueblos fumigados de Argentina.