Protocolo activado: Cómo buscan frenar la ola de amenazas en colegios

En medio de la ola de amenazas en escuelas que generó alarma en todo el país, la Dirección General de Cultura y Educación avanzó con una herramienta clave: un protocolo oficial de actuación para todas las instituciones educativas bonaerenses.

La medida llega como complemento directo a los operativos, allanamientos y detenciones que ya comenzaron a desplegarse, y apunta a poner orden dentro de las escuelas y frenar el efecto contagio que se amplificó en redes sociales.

El punto crítico: cortar la viralización

El protocolo pone el foco en un aspecto central: no difundir ni replicar mensajes intimidatorios. Desde la cartera educativa —a cargo de Flavia Terigi— advirtieron que estas acciones “no son una broma”, sino conductas que pueden derivar en consecuencias judiciales y que, además, multiplican el problema.

Entre las principales indicaciones:

• No viralizar amenazas ni cadenas
• Avisar de inmediato a las autoridades escolares
• Mantener la calma y seguir las indicaciones institucionales

Cómo deben actuar las instituciones

Ante una situación de este tipo, las escuelas deben activar rápidamente a los equipos de inspección, que serán los encargados de orientar cada intervención. También se promueve generar espacios de diálogo con estudiantes y familias, para reforzar normas de convivencia y contención.

El objetivo es garantizar una respuesta coordinada entre Educación, Seguridad y la Justicia, evitando decisiones aisladas que puedan agravar la situación.

Prevención, control y mensaje claro

La implementación del protocolo se da en un contexto de alta sensibilidad social, con casos registrados en distintos distritos y situaciones que incluyeron imputaciones y secuestro de armas, incluso réplicas.

Además, desde el área educativa alertaron sobre la presencia de comunidades digitales que incentivan este tipo de conductas, lo que refuerza la necesidad de monitoreo y prevención activa.

Con este esquema, el mensaje es claro: hay operativos para sancionar, pero también protocolos para prevenir. Y en ese equilibrio, el rol de la comunidad educativa y las familias resulta clave para desactivar una problemática que escaló rápidamente.