26/10/2006 - Buenos Aires - La pérdida de esa extensión de bosques, equivalente a "una vez y media" la superficie de Buenos Aires, fue posible por "artilugios legales e ilegales", "debilidades normativas" e "incapacidad de control efectivo" de las autoridades, subrayó el grupo ecologista en el informe "Desmontes S.A.".
El documento apunta a poner en descubierto el "todo vale" en la depredación de recursos naturales del país y refutar la creencia generalizada de que el capital extranjero es el principal responsable de esta situación, dijeron dirigentes del grupo ecologista.
Según el documento, los empresarios Franco Macri, Victorio Gualtieri y Eduardo Eurnekian, además de las sociedades Liag y Madera Dura del Norte, están asociados a "prácticas de desmonte" que arrasaron con 300 kilómetros cuadrados de bosques en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Los desmontes responden a "actividades orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques", puntualiza.
Franco Macri es uno de los principales accionistas del grupo SOCMA, mientras que Gualtieri es propietario de una empresa constructora y Eurnekian encabeza el consorcio que controla la firma concesionaria de 33 aeropuertos del país.
"Con este informe probamos que los desmontes son una práctica habitual que se sostiene en una red de debilidades oficiales que favorecen un estado de situación donde el vale todo es el 'modus operandi' más extendido", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
"Muchos de los negocios analizados en este informe son legales, al menos en los papeles. Y son legales porque los mismos sectores involucrados son los que reciben exenciones y excepciones por parte de los gobiernos, frenan leyes que promueven el aumento de los controles y presionan a los pocos funcionarios que intentan investigar", subrayó en una rueda de prensa.
A modo de ejemplo, el informe señala estadísticas oficiales que muestran que en Chaco, una provincia vecina a Paraguay, había en 1999 un total de 1,9 millones de hectáreas de tierras fiscales, la mayoría de bosques nativos, mientras que en 2005 quedaban 687.053 hectáreas.
"Así, en sólo seis años se extraviaron 1,2 millones de hectáreas", apuntó Prieto.
Greenpeace reclama un plan oficial que permita regular el uso del suelo y las actividades productivas, además de otorgar a las provincias criterios básicos "para decidir el uso del bosque nativo atendiendo tanto sus necesidades productivas, como su conservación".
A principios del siglo XX en Argentina había 105 millones de hectáreas de bosques y selvas, mientras que ahora quedan unos 22 millones, según datos difundidos el año pasado por la Fundación Vida Silvestre.
De acuerdo a esta fundación, el país tiene 250 áreas protegidas en parques nacionales y provinciales que representan un 5,6 por ciento de su superficie total y suman unas 15 millones de hectáreas, pero el 90 por ciento de ellas carecen de cuidado. EFE
