13/07/2007 - Buenos Aires - Defensores de los derechos humanos celebraron hoy la anulación por parte de la Corte Suprema de los indultos a represores otorgados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), quien acusó al actual gobierno de impulsar por "venganza" la derogación del perdón.
Por su parte, dirigentes políticos, funcionarios y expertos evaluaron que el fallo del máximo tribunal del país constituye un nuevo impulso a las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976 a 1983).
La Corte Suprema declaró hoy la inconstitucionalidad del perdón concedido al ex general Santiago Riveros, en una resolución que sienta jurisprudencia para el resto de los indultos concedidos a los integrantes del régimen castrense.
"Lo importante es que se remueve uno más de los tantos obstáculos que hemos tenido durante tantos años para llevar a juicios a los responsables de masivas violaciones a los derechos humanos en nuestro país", señaló el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Rodolfo Yanzón.
El abogado, autor de un recurso judicial contra los perdones concedidos por Menem, dijo que "a partir de este pronunciamiento la Corte deberá también decidir sobre otros indultos", como "los de Jorge Videla y otros miembros de las juntas militares".
Por su parte, Menem defendió los indultos, al señalar que los concedió al amparo de la Constitución argentina y "en la convicción de que hacía falta cerrar una etapa de odios y mirar adelante, pensando en la concordia y la reconstrucción nacional".
El ex mandatario indicó en un comunicado que desde que Néstor Kirchner asumió el poder en 2003, el gobierno "ha desplegado una política de revisión sesgada del pasado", "más parecida a una venganza que a una actitud ecuánime y ponderada", que "no hace más que reavivar odios".
También desde la vereda opositora, el candidato presidencial de la fuerza conservadora Recrear, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, se mostró cauto ante la anulación de los indultos y el camino que abre esta decisión para llevar a represores al banquillo de los acusados, pues entiende que "donde hay cosa juzgada, no se puede volver a juzgar".
En cambio, la ministra de Defensa, Nilda Garré, única integrante del Ejecutivo que se ha pronunciado hasta ahora sobre la decisión de la Corte, consideró que este fallo "termina con el último resquicio que quedaba de impunidad en Argentina".
Julio Strassera, el fiscal del juicio que en 1985 aplicó severas condenas a jefes de la última dictadura indultados años después por Menem, declaró a Radio Continental que los perdones fueron "absolutamente innecesarios e inmorales".
Desde punto de vista jurídico, indicó que el indulto "es el resabio de una facultad monárquica y hay que suprimirlo" y comentó que conoce "solamente un país donde el indulto no es patrimonio del poder Ejecutivo, sino que pasa por el Parlamento, que es Suiza".
A su vez, la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibió "con satisfacción" el fallo del máximo tribunal, al considerar que "termina de derribar el muro de impunidad con el que se pretendió ocultar el pasado sobre la base del olvido".
"La medida constituye un verdadero acto de justicia que permite reafirmar el camino que es necesario recorrer para lograr el juicio y el castigo para los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura", señaló la agrupación humanitaria en un comunicado.
A su vez, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra destacó que "Argentina es el único tribunal del mundo que aplicó normas del derecho internacional para castigar" delitos de lesa humanidad y la decisión de la Corte "supone la prosecución de numerosas causas".
Luego de recordar que "los delitos de la dictadura fueron cometidos hace 30 años", manifestó al canal Todo Noticias que "es necesario para las víctimas, para los victimarios y para toda la sociedad que estas causas concluyan rápidamente con justicia".
Para el jefe de la bancada de diputados del oficialista Frente para la Victoria, Agustin Rossi, la inconstitucionalidad de los indultos es "una muy buena noticia", porque permitirá a la justicia "actuar con total libertad y sin mordaza". EFE
