23/08/2008 - Los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) presidieron hoy una asamblea en Olavarría, a 350 kilómetros de Buenos Aires, ante unos 5.000 productores rurales.
El titular de la FAA, Eduardo Buzzi, advirtió en una rueda de prensa que "el problema agropecuario no se resolvió", pese a que el Gobierno dejó en suspenso el esquema de tributos móviles a las exportaciones de granos que detonó un fuerte conflicto con el campo.
El dirigente dijo que debe iniciarse un "tiempo de consensos" y pidió al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández "no imponer" medidas sin dialogar con el sector.
El Gobierno y las patronales agropecuarias retomaron el diálogo el pasado 5 de agosto, después de casi dos meses y medio de la ruptura de las conversaciones y luego de la negativa del Parlamento a convalidar el esquema de impuestos móviles a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol.
Buzzi consideró que el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, "es una persona técnicamente sólida" que "conoce bien la producción" del sector, aunque lamentó que el Gobierno no cumpliera con la promesa de que la Jefatura de Gabinete recibiera a las entidades rurales mensualmente.
Las patronales del campo aseguraron que no obtuvieron del Ejecutivo "respuestas" para solucionar los serios inconvenientes que atraviesan actividades como la ganadería, el cultivo de trigo y la producción de leche y derivados.
El titular de la Federación Agraria señaló que, si no se puede avanzar hacia consensos, no será el campo el que "dinamite el puente" de diálogo con el Gobierno, pero afirmó que el sector acudirá al Parlamento para conseguir medidas beneficiosas para el campo.
En tanto, el presidente de CRA, Mario Llambías, advirtió que el Gobierno debe tomar medidas para "mejorar la rentabilidad del sector" agropecuario, como "sacar muchas trabas" impuestas desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y la Secretaría de Comercio Interior, que dificultan las exportaciones.
El conflicto entre el campo y el Gobierno se desató el 11 de marzo último, cuando el Gobierno dictó una resolución por la que impuso impuestos móviles a las exportaciones de trigo, girasol, soja y maíz.
El rechazo al esquema tributario derivó en cuatro huelgas que impedían la comercialización de granos, bloqueos de carreteras y desabastecimiento de alimentos e insumos para la industria, que causaron millonarias pérdidas al país.
Presionada por el tenor creciente del conflicto, la presidenta Cristina Fernández resolvió enviar al Parlamento un proyecto de ley para convalidar el polémico esquema tributario, pero la iniciativa sufrió un duro revés el 15 de julio con el rechazo en el Senado con el voto adverso del vicepresidente del país, Julio Cobos.
El sismo político derivó en la salida del Gobierno del jefe de gabinete, Alberto Fernández, y la decisión de la presidenta de dejar sin efecto los impuestos móviles a las exportaciones de granos.
Argentina es el primer exportador mundial de girasol, el segundo de maíz, el tercero de soja y el cuarto de trigo, y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de estos granos. EFE
