07/04/2009 - "Es una respuesta a un reclamo legítimo de la sociedad", dijo el presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Lorenzetti, quien encabezó el acto de presentación del cuerpo en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires.
La medida fue adoptada en medio de una polémica entre los jueces de la Corte Suprema y el Gobierno de Cristina Fernández, que viene exigiendo celeridad en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad del último régimen militar.
"No nos sentimos presionados. Ningún juez, y mucho menos de la Corte Suprema, puede ser presionado. No admitimos presiones de nadie", aseguró Lorenzetti al ser consultado sobre los reclamos que el Ejecutivo efectuó en reiteradas ocasiones en los últimos meses.
Además de miembros de los tres poderes del Estado, la comisión estará integrada por representantes de la Procuración General (Fiscalía de Estado) y del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar, controlar y destituir a los jueces.
"Hay una política de Estado coincidente de los tres poderes referida a los delitos de lesa humanidad. Los argentinos tenemos derecho a recuperar nuestra memoria, aclarar lo que nos ha pasado y resolverlo judicialmente, todo en un tiempo razonable, porque la justicia que no es rápida no funciona", sostuvo Lorenzetti.
El presidente de la Corte también aclaró que la comisión "no les dirá a los jueces cómo dictar sus sentencias", sino que "el enfoque será más bien de superintendencia, organizativo".
El alto tribunal había convocado a los poderes Legislativo y Ejecutivo a poner en marcha la comisión a comienzos de marzo pasado, cuando también acordó con el Gobierno una reasignación de recursos que permita agilizar los procesos por crímenes de la dictadura.
Según un informe divulgado recientemente por la Procuración General, unos 101 represores serán enjuiciados este año por delitos cometidos durante el régimen militar, con lo que se sumarán a los 156 que son juzgados actualmente y a los 41 que fueron condenados.
Unas 549 personas han sido procesadas hasta el momento, por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, pero en 2009 se espera también la apertura de juicios relacionados con la represión ilegal en diez provincias del país.
La reactivación de las causas se produjo después de la derogación en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que en la década de los años 80 libraron de responsabilidad a más de un millar de agentes del régimen militar.
Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina en la última dictadura militar, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. EFE
