06/05/2009 - En la audiencia, el Estado argentino y la empresa estatal Invap, que en julio de 2000 firmó un contrato con Australia, defendieron la legalidad del documento que prevé el ingreso de los residuos, algo que para la parte demandante es "inconstitucional".
La causa fue iniciada por un particular, Juan Schroder, quien interpuso un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula del contrato firmado por Invap con la Organización Australiana para la Ciencia y la Tecnología Nuclear que prevé la posibilidad del ingreso de combustibles gastados de un reactor nuclear que le vendió la empresa argentina.
Ese reactor fue inaugurado en abril de 2007 y se encuentra operativo en Australia.
Tras una sentencia en primera instancia a favor del Estado y otra de un tribunal de alzada en contra, el caso está ahora en manos de la Corte Suprema, que debe evaluar si el contrato está reñido con un artículo de la Constitución argentina que prohíbe el ingreso al país de residuos radiactivos.
Según el Centro de Información Judicial, que depende del máximo tribunal, en la audiencia de hoy el representante del Estado y director general de Coordinación Política de Cancillería, Rafael Grossi, aseguró que el contrato firmado con Australia se "encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear".
En igual sentido, Elvira Maset, ingeniera de la Comisión Nacional de Energía Atómica, afirmó que el Estado cumple con todos los estándares internacionales para el tratamiento de este tipo de residuos.
El experto constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, dijo no oponerse a la actividad nuclear en Argentina, pero recordó que la Constitución "prohíbe el ingreso de residuos radiactivos".
Respecto a este punto, Gregorio Badeni, también un renombrado abogado constitucionalista que actuó en representación de Invap, consideró que no debe hacerse una interpretación literal de la Constitución argentina, sino que "se impone una interpretación dinámica y progresista". EFE
