08/05/2009 - Cuando en noviembre pasado el Gobierno de Cristina Fernández nacionalizó los millonarios fondos de jubilación administrados por firmas privadas e invertidos en diversos activos financieros, como acciones de empresas, prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas.
Pero desde marzo pasado la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que administra el sistema de jubilaciones, se ha presentado ante varias de las casi treinta empresas de las cuales ahora es accionista minoritario para hacer valer su derecho a voto en las asambleas societarias y, en algunos casos, reclamar sillas en los directorios.
En algunos casos, el ingreso de un director en representación del Estado fue pactado en buenos términos con los accionistas mayoritarios, como fue el caso de la filial del grupo español Gas Natural.
En otros, el Gobierno tuvo que vencer ciertas reticencias iniciales, como ocurrió con la siderúrgica Siderar, del grupo italoargentino Techint.
Pero en un par de empresas no pudo hacerse de silla propia frente a los argumentos legales esgrimidos por el accionista mayoritario sobre los límites de la Anses para ejercer el denominado "derecho de voto acumulativo" alegando que éste tiene un tope del 5 por ciento, aunque la participación accionarial sea mayor.
"Seguimos teniendo la mayoría accionarial y, por tanto, la mayoría en el directorio y en la toma de decisiones", subrayaron a Efe fuentes en reserva de una de las diez compañías donde el Estado ya colocó un director propio.
En todos estos casos el Estado es un accionista minoritario con voz y voto, pero sin poder de veto, aunque sí con derecho a conocer pormenores de las compañías, controlar su actividad e influir con mayor peso en la toma de decisiones.
Algunas empresas están dispuestas a recomprar sus acciones a la Anses con tal de evitarse esta "incomodidad", apuntaron sus portavoces al ser consultados por Efe.
La oposición política también mira con recelo esta avanzada y ha solicitado sin suerte informes detallados a la Anses sobre sus acciones en empresas, que se calcula que es en una treintena de firmas, con participaciones que van hasta el 27 por ciento, y los pasos que planea dar dentro de ellas.
"Los recursos de la Anses están sin ningún tipo de control", dijo a Efe la diputada Fernanda Reyes, de la opositora Coalición Cívica.
El ex presidente Néstor Kirchner, antecesor y esposo de Fernández, alegó que el Estado manda "directores a todas las empresas en donde los fondos de los jubilados tienen acciones para cuidar la platita (dinero) de los jubilados y para evitar que se dilapiden los fondos de los argentinos".
Kirchner es considerado el ministro de Economía "en las sombras" del Gobierno de Fernández, y durante su gestión (2003-2007) nacionalizó varias firmas en problemas.
"A ningún empresario le gusta que le vengan a meter las narices y mirar cuál es su balance, pero ése es el resultado de haber salido a buscar capital de riesgo. El Estado tiene capital de riesgo invertido en las empresas y tiene que cuidarlo", afirmó a Efe Pablo Tigani, titular de la consultora Hacer.
El economista reconoció que el accionar del Anses puede lucir "como algo tremendo, pero visto desde el contexto global actual, hoy las políticas económicas, con epicentro es Estados Unidos y el Reino Unidos, son fuertemente intervencionistas", algo que "marca una bisagra, una transición que a los empresarios les cuesta atravesar".
Tigani invitó a los hombres de negocios a ver "el lado positivo" de la llegada de la Anses a los directorios, lo que por ejemplo "puede hacer que sea más comprensible para el Estado la situación de una empresa de servicios", que mucha veces depende de un aumento tarifario autorizado por el Gobierno.
De hecho, la Anses ha comprado en las últimas semanas deuda emitida por dos de sus empresas participadas con necesidad de fondos frescos, mientras otra piensa en una capitalización con la ayuda del nuevo socio estatal. EFE
