16/06/2009 - La resolución fue adoptada por el juez Claudio Bonadío, al considerar que los activistas pretendieron "imponer ideas por la fuerza" a quienes se manifestaban en el acto en las inmediaciones de la embajada de Israel.
Las leyes argentinas castigan con entre tres y ocho años de prisión a quien resultan culpables de este delito, que puede agravarse por la "ley antidiscriminatoria".
Los disturbios se desataron el 17 de mayo, cuando activistas de la hasta ahora desconocida agrupación izquierdista Frente de Acción Revolucionaria (FAR) agredieron con palos y cadenas a quienes participaban en el acto.
La agresión fue condenada por la embajada de Israel en Buenos Aires, que la atribuyó a "un grupo violento y lleno de odio", y por el Gobierno argentino, que aseguró que detrás de estos ataques "hay alguien interesado".
En 1992 un atentado destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y causó 29 muertos, mientras que dos años después un coche bomba arrasó con la sede de la mutualista judía AMIA y provocó 85 víctimas fatales. EFE
