13/07/2009 - "La intención es escuchar y que nos escuchen", dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al anunciar hoy que el diálogo empezará con dirigentes de 10 partidos políticos a los que no identificó y que "en 30 días" se habrá conversado con el total de 50 agrupaciones que tienen representación en el Parlamento.
"No hay plazos (para encontrar consensos), pero aspiramos a que el diálogo no sea interminable", comentó durante una rueda de prensa.
Randazzo, quien encabezará la ronda de conversaciones, dijo que el Gobierno apunta a consensuar una ley de elecciones internas de las fuerzas políticas del país en las que puedan participar todos los ciudadanos, no solamente los afiliados.
Señaló que también se apunta a acordar una nueva legislación sobre financiación de los partidos políticos y a reformar el sistema electoral, como reclaman las principales fuerzas de la oposición, ganadoras de los comicios legislativos del 28 de junio pasado.
A raíz de la crisis económica y política que desembocó en la renuncia de Fernando De la Rúa a la presidencia, a fines de 2001, se dictó una ley de elecciones internas en los partidos políticos "abiertas" a todos los ciudadanos, uno de los pocos resultados de la última "mesa del diálogo" llevada a cabo en este país.
Randazzo comentó que tal ley fue "suspendida" por consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en vista de que la obligación de celebrar una elección interna "abierta a todos" excluía a aquellas fuerzas políticas que presentaran un solo candidato.
"Hecha la ley, hecha la trampa, porque aparecieron un montón de partidos con un solo candidato", subrayó el ministro al defender la suspensión de esa ley en 2003, durante el mandato de Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
El Gobierno apunta ahora a que las elecciones internas "abiertas" sean "obligatorias para todas" las fuerzas políticas, porque esto supondrá "un mejor mecanismo de selección de candidatos y la mayor representatividad", puntualizó el ministro.
Sostuvo que el sistema de financiación de los partidos políticos, puesto en tela de juicio tanto por el Gobierno como por la oposición, debería reformarse para un mejor control y para que haya "igualdad de oportunidades" en el reparto de fondos públicos.
El actual sistema establece el reparto de fondos públicos con base en la cantidad de afiliados a cada partido y pone límites a los gastos de campaña según el tamaño de cada distrito electoral así como a las aportaciones de empresas privadas, que deben ser informadas al Estado.
Durante las últimas elecciones legislativas, se repartieron 17,5 millones de pesos (4,7 millones de dólares) entre las fuerzas políticas, pero el peronista Frente para la Victoria, el partido de Fernández, y la oposición se acusaron mutuamente de no aclarar cuánto gastaron en proselitismo.
El Acuerdo Cívico y Social, una coalición de la Unión Cívica Radical, socialistas e independientes, así como Unión-Pro, una alianza de peronistas disidentes con conservadores, exigen que haya una papeleta única de votación para cada partido.
También reclaman un control más estricto de los gastos de campaña y la implantación de un sistema de votación electrónica.
El diálogo con "todos los sectores" políticos y sociales del país había sido prometido por la presidenta Fernández el jueves pasado, y los empresarios están a la expectativa de que se los convoque a consensuar cambios en la política económica. EFE
