09/08/2008 - "Nosotros no nos queremos hacer cargo de ninguna deuda, pero tampoco vamos a permitir que 9.000 puestos de trabajo queden en la calle y que las dos líneas que tienen 80 por ciento del cabotaje en Argentina dejen de operar", dijo el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En declaraciones a la emisora local Radio Del Plata, el funcionario consideró que "mayoritariamente va a haber un acompañamiento" en el Parlamento al proyecto de ley para la transferencia de la aerolínea impulsado por el Ejecutivo.
Para concretar la operación, pactada a mediados de julio pasado con Marsans, "no tendría que salir un peso" del Estado argentino, remarcó al responder a críticas de las principales fuerzas de la oposición, que rechazan la operación.
Quienes se oponen a los planes oficiales consideran que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la "mala gestión" de Marsans y acusan al Gobierno de no haber hecho los controles necesarios para impedir el derrumbe de la aerolínea de bandera.
Aunque la auditoría pública aún no terminó de evaluar el estado contable de Aerolíneas y Austral, esta semana Jaime expuso datos de los síndicos del concurso preventivo de acreedores que indican que las compañías afrontan un pasivo por un total de 890 millones de dólares, de los cuales unos 530 millones son deudas "exigibles".
A comienzos del mes pasado los gastos y la operación de las empresas quedaron a cargo del Estado argentino, que desde entonces desembolsó 251 millones de pesos (unos 82 millones de dólares), según el diputado opositor Óscar Aguad.
El legislador denunció que el Gobierno gastó esas partidas, que en el Presupuesto habían sido asignadas al Programa de Asistencia Financiera a las Provincias, sin informar al Parlamento, como establece la legislación local.
En tanto, una información difundida por el periódico Clarín revela que el Ejecutivo tiene previsto gastar 600 millones de pesos (196 millones de dólares) en Aerolíneas y Austral durante el último cuatrimestre del año. EFE