Sociedad | Córdoba
Deberá pagar $43 millones por cortar la cobertura a una paciente oncológica
El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba ordenó una reparación económica millonaria al gerente de la prepaga Bramed, tras comprobar que se alteraron registros informáticos para quitarle la cobertura a una mujer en pleno tratamiento contra el cáncer. La medida también alcanza a una empleada involucrada en la maniobra.
Hace 6 horas.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dispuso que el gerente de la empresa de medicina prepaga Bramed SRL pague una reparación de $43.285.714,32 a una paciente oncológica a la que se le quitó la cobertura tras la manipulación ilegítima de datos en el sistema informático. La resolución forma parte de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, aceptado por la víctima y su esposo.
Además del pago, el juez Julián Falcucci hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que el empresario realice un curso obligatorio en perspectiva de género destinado a todo el personal de la firma, en reemplazo de las tareas comunitarias tradicionales. La medida también recae sobre una empleada imputada por su participación en la maniobra.
De acuerdo con la investigación, el gerente y personal de Bramed utilizaron la clave fiscal del esposo de la paciente, obtenida mediante un ardid telefónico mientras la mujer estaba internada, para migrarlo sin consentimiento a otra obra social que la empresa no prestaba. La maniobra dejó a la paciente —diagnosticada con Linfoma de Hodgkin y con intervenciones de urgencia programadas— completamente desamparada, sin medicación ni tratamientos esenciales.
Entre enero y abril de 2021, la mujer atravesó graves complicaciones, múltiples cirugías y una prolongada internación, agravadas por las demoras de la prepaga en proveer los tratamientos oncológicos indicados. La Justicia determinó que la conducta de los imputados configuró una situación de abandono de persona agravado, provocando daños físicos y psicológicos de carácter irreversible.
La suspensión del juicio impone además que ambos imputados fijen domicilio, queden sujetos al control de la Dirección de Asistencia y Ejecución Penal y asistan al curso obligatorio durante un año.