Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad: Media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las reformas más sensibles de la agenda legislativa en materia de seguridad. El proyecto, promovido por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención, lo que permitió su media sanción.

La iniciativa fue respaldada por los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID, Provincias Unidas y fuerzas provinciales, mientras que el peronismo votó mayoritariamente en contra. No obstante, durante la votación en particular, diputados del Frente Renovador acompañaron el artículo que establece la baja de la edad de punibilidad, alineados con la postura histórica del espacio.

El nuevo régimen reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, abusos sexuales, secuestros y robos violentos. Para infracciones menores, incorpora penas alternativas, como servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y prohibiciones de acercamiento a las víctimas.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, atención médica integral y acceso a la educación, con prohibición absoluta de convivencia con detenidos adultos. Además, se habilitan mecanismos como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en delitos leves.

Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa al sostener que la legislación vigente “no previene, no resocializa y no repara”, y deja a miles de jóvenes fuera de cualquier política de contención, favoreciendo su captación por organizaciones criminales.

Desde la oposición, referentes como Juan Grabois cuestionaron el enfoque del proyecto y reclamaron políticas integrales vinculadas a salud mental, consumos problemáticos y educación, mientras que Miguel Ángel Pichetto advirtió que sin inversión real en infraestructura y equipos interdisciplinarios, la reforma “corre el riesgo de quedar en una respuesta simbólica”.

El proyecto incorpora además un financiamiento específico por más de 23.700 millones de pesos, destinado al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, tras el reclamo de los gobernadores para que el costo no recaiga exclusivamente en las provincias.

Con esta media sanción, el oficialismo confía en avanzar con la aprobación definitiva en el Senado antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, en un debate que seguirá generando fuertes cruces políticos y sociales.

Foto: InfoBAE