Sociedad | Decisiones contrapuestas
Doble decisión judicial sobre Cristina Kirchner: Le restituyen la pensión y avanzan con embargos
La Justicia ordenó devolverle a Cristina Kirchner la pensión por viudez de Néstor Kirchner, al considerar su carácter alimentario, mientras fiscales pidieron embargar y decomisar bienes, entre ellos el departamento donde cumple prisión domiciliaria.
Hace 4 horas.
En un escenario judicial atravesado por decisiones contrapuestas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue alcanzada por dos resoluciones clave: una que la beneficia y otra que complica su situación patrimonial.
Por un lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir el pago de la pensión por viudez de Néstor Kirchner, al suspender la quita dispuesta por ANSES. El tribunal consideró que la eliminación del beneficio afectaba derechos de naturaleza alimentaria, por lo que debía mantenerse vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La pensión había sido dada de baja en noviembre de 2024, junto con la jubilación como exmandataria, luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad, que impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese momento, el Gobierno argumentó que los beneficios previstos por la ley 24.018 están vinculados al honor y mérito en el ejercicio del cargo, condiciones incompatibles con una condena penal.
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados. Entre los activos señalados figura el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de una extensa lista de propiedades y fondos.
Según el planteo fiscal, se busca el decomiso de 141 inmuebles, decenas de vehículos y sumas millonarias en dólares y pesos vinculadas a sociedades de la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Los fiscales remarcaron que los condenados aún no restituyeron ni un solo peso de los más de 684 mil millones de pesos que la sentencia firme ordenó devolver al Estado.
En ese marco, sostuvieron que la demora constituye una resistencia deliberada al recupero de activos, una conducta que —según afirmaron— “afecta el principio de igualdad ante la ley” y evidencia falta de arrepentimiento frente a una de las condenas por corrupción más relevantes de la historia reciente.