PolÃtica | Tras la decisión judicial
El Gobierno contraataca: Apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes
Tras la decisión judicial que dejó sin efecto la herramienta para ordenar protestas y cortes de calle, Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich endurecieron su postura y ratificaron que el Ejecutivo no dará marcha atrás.
Hace 2 horas.
El fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes encendió una rápida y contundente reacción del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo apelará la decisión y defendió con firmeza una de las políticas más emblemáticas en materia de orden público.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos”, advirtió la funcionaria a través de sus redes sociales, al cuestionar la resolución que frena la aplicación de la medida impulsada originalmente por Patricia Bullrich. En ese sentido, Monteoliva sostuvo que el fallo responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.
La ministra fue categórica: “No vamos a dar un paso atrás, lo vamos a apelar”, y remarcó que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Según señaló, se trata de una herramienta clave para garantizar la convivencia y la libre circulación. “Vamos a defenderlo a toda costa porque es lo que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, enfatizó.
También salió al cruce Patricia Bullrich, actual senadora y principal impulsora del protocolo, quien apuntó directamente contra el magistrado que dictó la medida. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y respaldado por la mayoría de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno”, cuestionó.
Bullrich fue más allá y sostuvo que quienes celebran el fallo son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. A su entender, los verdaderos perjudicados vuelven a ser “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.
El pronunciamiento judicial fue firmado por Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, y se conoció este lunes. La resolución hizo lugar a un planteo presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que cuestionó la legalidad del protocolo destinado a contener movilizaciones sociales y cortes de calles.
Mientras el Gobierno avanza con la apelación, el debate vuelve a instalarse en el centro de la escena: orden público versus protesta social, con una pulseada que promete escalar tanto en el terreno judicial como político.
Foto: MinutoUno