El Gobierno eliminó el asueto del Día del Empleado Público: «El feriado se financia con el aporte de los contribuyentes»

El Gobierno de Javier Milei confirmó la eliminación del asueto correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se conmemora cada 27 de junio. A partir de ahora, los empleados de la administración pública nacional deberán presentarse a trabajar ese día.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión con una frase que sintetiza el enfoque oficial: “El feriado se financia con el aporte de los contribuyentes”. En su habitual conferencia, añadió que el Estado “no debe otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, y que esta decisión apunta a igualar las condiciones laborales entre el sector público y el privado.

La medida será oficializada mediante decreto y no alcanza, por ahora, a las administraciones provinciales, como la de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, donde el feriado sigue vigente según la Ley Nº 14.600, que adhirió a la norma nacional. De hecho, casi todas las provincias del país han adoptado esa misma legislación.

El Día del Empleado Público fue establecido por la Ley Nacional 26.876, sancionada en 2013, para conmemorar a quienes trabajan en organismos dependientes del Estado. Aunque no es un feriado nacional oficial, en la práctica se aplicaba como un asueto administrativo a nivel nacional y provincial.

La reacción sindical fue inmediata. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de actuar con “autoritarismo” y tildó la medida de “acto despótico propio de un régimen autocrático”. También criticó a Adorni por “llenar la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.

Desde sus redes, Aguiar aseguró: “Quieren destruir el Estado y también a los estatales. Por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder”. Además, advirtió que solo el Congreso puede derogar una ley como la 26.876, dejando abierta la posibilidad de una disputa legal.

En síntesis, el Gobierno nacional avanza con una reforma simbólica y política del empleo público, que pone en la mira los beneficios históricos del sector estatal y anticipa nuevas tensiones con los gremios.