El INCAA bonaerense: ¿Un proyecto cultural financiado por los contribuyentes?

El gobierno de Axel Kicillof impulsa la creación de una Ley Audiovisual Bonaerense que establece un fondo de $675 millones para financiar producciones audiovisuales en la provincia. El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado, genera polémica por el origen de los fondos, que provendrán del presupuesto general, es decir, de los contribuyentes bonaerenses.

Un fondo millonario en debate

El proyecto, defendido en el recinto por la ministra de Cultura, Florencia Saintout, contó con la presencia del actor Pablo Echarri, cercano al oficialismo. Saintout destacó la necesidad de fortalecer el sector audiovisual provincial en un contexto donde la venta de entradas de cine cayó un 31% en 2024, perdiendo 14 millones de espectadores.

Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron que el fondo no provenga del Ministerio de Cultura, como proponían algunos diputados, sino que será financiado por el presupuesto general. Esta decisión plantea que los contribuyentes de la provincia serán quienes subvencionen los proyectos del nuevo INCAA Bonaerense.

Críticas a la distribución del fondo

Uno de los puntos más controvertidos es que el fondo podría beneficiar mayoritariamente a grandes productoras nacionales e internacionales, dejando de lado a las independientes bonaerenses. "Una parte importante del fondo irá a las grandes productoras", advirtió el diputado Guillermo Kane.

Por otro lado, el diputado Guillermo Castello cuestionó la pertinencia del gasto. "De las 241 películas financiadas por el INCAA, sólo 100 vendieron más de 1,000 entradas. ¿Es justo gastar este fondo en cine cuando siete de cada diez chicos son pobres en la provincia?", planteó, al tiempo que recordó las carencias de infraestructura básica en el conurbano bonaerense.

El Consejo Audiovisual

La ley también establece la creación de un Consejo Provincial para supervisar la distribución del fondo. Este estará integrado por representantes del Ministerio de Cultura, sindicatos, asociaciones de directores y productores, universidades, y la actividad audiovisual. Como condición negociada con la oposición, los cargos serán honorarios y tendrán una duración de dos años.

La iniciativa, que busca revitalizar el sector audiovisual bonaerense, sigue generando debate sobre la equidad de su financiación y la priorización de recursos en una provincia con grandes desafíos sociales.

Foto: La Política Online