El gobierno dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad por sospechas de fraude masivo

El Gobierno nacional anunció la suspensión de 110.592 pensiones por discapacidad otorgadas bajo supuestas irregularidades y falsedades, producto de auditorías exhaustivas realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien señaló que además fueron dadas de baja más de 8.000 pensiones por fallecimientos y otras 10.000 por renuncias voluntarias.

El operativo de revisión detectó casos emblemáticos de fraude, como la presentación de la misma radiografía o ecocardiograma en múltiples expedientes, o estudios médicos repetidos entre diferentes beneficiarios, incluso en provincias como Tucumán. Según el gobierno, estas maniobras fraudulentas habrían comenzado en la gestión de Néstor Kirchner y se habrían profundizado en las siguientes administraciones.

Entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral creció exponencialmente, pasando de 79.000 a más de un millón, con un desvío estimado de fondos cercano a los 1.000 millones de dólares anuales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, esa cifra se mantuvo estable o bajó levemente, pero volvió a crecer hasta 1.222.000 en 2023, según los datos oficiales.

Las investigaciones revelaron que cerca del 35% de los subsidios otorgados presentan incompatibilidades graves, incluyendo beneficiarios que poseen bienes de lujo —como aviones, embarcaciones y múltiples inmuebles— o que trabajan, condiciones que deberían impedir el cobro de la pensión. Además, un 30% de las incompatibilidades detectadas están vinculadas a irregularidades médicas, con casos absurdos como radiografías de perros usadas como evidencia.

Desde el Ejecutivo califican este sistema como un “mecanismo perverso” que ha vulnerado los derechos de las personas con discapacidad, desviando recursos vitales para sectores históricamente marginados y beneficiando a redes de corrupción política.

Actualmente, la Justicia investiga estos hechos, con denuncias formales presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan y otros fiscales que actúan en distintas provincias, mientras la Agencia Nacional de Discapacidad colabora con los datos y auditorías necesarias para avanzar en los procesos judiciales.