Fin de los beneficios: Así será la nueva reforma penal que impulsa el Gobierno

El Gobierno avanzó con una reforma integral del Código Penal, presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El proyecto propone un cambio de paradigma en materia de seguridad: penas más duras, condenas realmente efectivas y un enfoque que prioriza a las víctimas por sobre los acusados.

Adorni aseguró que el país necesita “políticas de seguridad talladas en piedra”, y remarcó que la iniciativa pone fin a lo que describió como la “doctrina zaffaronista”. Además, afirmó que quienes cometan delitos graves “no podrán esconderse” y que los funcionarios corruptos perderán su jubilación de privilegio.

Bullrich, en la misma línea, destacó que el Congreso tendrá una “misión histórica” con esta reforma, especialmente por los cambios relacionados a la violencia sexual. Subrayó que los delitos contra menores serán imprescriptibles, permitiendo investigar incluso décadas después, un principio inspirado en casos emblemáticos como el de Roberto Piazza.

El proyecto también redefine la legítima defensa, otorgando mayor presunción a quien actúa para protegerse, y garantiza que las víctimas tendrán participación activa durante todo el proceso penal. Además, serán notificadas de manera prioritaria cuando un condenado obtenga una salida transitoria o finalice su pena.

Cambios centrales de la reforma

• Cumplimiento efectivo de las condenas sin beneficios amplios.

• Perpetua sin límite temporal y condenas más severas en delitos graves.

• Delitos imprescriptibles: homicidios agravados, abuso sexual, trata, terrorismo, narcotráfico y sustracción de menores.

• Pérdida de jubilación de privilegio para funcionarios condenados por corrupción.

• Aumento de penas: el homicidio simple pasará de 25 a 30 años.

• Nuevos agravantes en homicidios: magnicidios, crímenes contra autoridades educativas, víctimas menores de 16 o adultos mayores.

• Faltas viales más severas: imprudencias de tránsito subirán a 2–6 años.

• Portación ilegal de armas con pena taxativa.

• Notificación prioritaria a las víctimas ante cualquier cambio en la situación del condenado.