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Economía y Empresas | Desde este lunes

La Salada reabrió con nuevas reglas: Control judicial, sin truchos y con plazo de blanqueo

Tras tres semanas de cierre por la detención de Jorge Castillo, dos de los tres predios del complejo La Salada reanudaron su actividad bajo la supervisión del Poder Judicial y con un objetivo claro: formalizar la economía del mercado más popular del país.


Hace 5 horas.

Luego de permanecer cerrada desde el 22 de mayo, la feria de La Salada volvió a funcionar este lunes bajo un estricto esquema de control judicial. Las ferias Urkupiña y Ocean fueron las primeras en retomar la actividad, mientras que Punta Mogote aún no tiene fecha de reapertura.

El reinicio no fue improvisado. La medida llega después de un fallo del juez Luis Armella, que dio luz verde al retorno comercial pero con nuevas condiciones: las sociedades que administran los predios tienen 90 días para reorganizarse, designar nuevas autoridades, registrar movimientos económicos y, fundamentalmente, avanzar en un proceso de blanqueo fiscal.

El operativo judicial fue impulsado por la fiscal Cecilia Incardona, quien coordinó múltiples reuniones con autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de los feriantes. El objetivo común: garantizar que La Salada deje de operar en la informalidad que la caracterizó por años.

Entre las condiciones impuestas, se destacan:

  • Control y fiscalización a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

  • Intervención de la Municipalidad de Lomas de Zamora, liderada por Federico Otermín, y el Ministerio de Producción bonaerense.

  • Presencia de la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad provincial, con al menos 60 efectivos en el predio.

  • Prohibición explícita de la venta de productos falsificados, que según la investigación representaban hasta el 70% de lo comercializado.

Asimismo, ARBA tendrá a su cargo el registro de todos los puesteros en el régimen simplificado de Ingresos Brutos, medida que busca integrar a miles de trabajadores informales al circuito tributario legal.

El juez Armella también designó un interventor judicial que reemplaza a la administración actual, quien deberá supervisar cada paso del proceso de formalización.

El cierre de La Salada no solo implicó una investigación penal, sino también un golpe a la economía popular: miles de familias dependen de ese circuito informal para subsistir. Por eso, la reapertura se planteó como una salida intermedia entre la legalidad y la contención social. Lo que está claro es que, de ahora en más, La Salada no podrá operar bajo las reglas de siempre.

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