EconomÃa y Empresas | Textiles
Ley «anti Shein»: El Congreso analiza un proyecto que divide aguas en la Argentina
La iniciativa busca replicar el modelo francés para frenar la importación de ropa barata, pero usuarios advierten que detrás de la protección textil se esconde un blindaje a los grandes empresarios del sector.
29-08-2025
El desembarco de la “ultra fast fashion” en Argentina volvió a encender el debate. Legisladores y cámaras textiles impulsan un proyecto inspirado en la ley francesa contra Shein y Temu, con el objetivo declarado de proteger la industria local y el empleo frente al ingreso masivo de ropa importada.
La propuesta plantea aplicar controles más estrictos, impuestos ambientales y tributación equiparada a la producción nacional. Desde la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) afirman que el sector pierde cerca de 1.500 puestos de trabajo por mes, y que la facturación de estas plataformas ya supera los US$ 1.500 millones anuales en compras al exterior.
Sin embargo, más allá de la retórica sobre la defensa del empleo, crecen las críticas sobre el verdadero impacto de la medida. Para muchos usuarios, la ley funcionaría como un blindaje para empresarios textiles locales, que podrían mantener márgenes de ganancia altos sin competir con precios más accesibles.
En redes sociales, el rechazo se hizo sentir con fuerza: miles de usuarios remarcaron que Shein y Temu significan acceso a ropa de calidad a precios bajos, algo difícil de conseguir en el mercado argentino. “Protegen a los empresarios, no a nosotros”, fue uno de los comentarios más repetidos en la discusión digital.
El proyecto también se apoya en argumentos ambientales y laborales: la producción de Shein se asocia a contaminación por químicos, emisiones de CO₂ y condiciones laborales precarias en sus fábricas en China. Aun así, el foco político local parece más orientado a cerrar el mercado interno que a resolver esos problemas de fondo.
El debate recién comienza en el Congreso, pero la tensión ya es evidente: industriales que reclaman protección versus consumidores que no quieren perder su acceso a precios bajos.