Aunque la Argentina logró anular una condena millonaria en EE.UU., el conflicto por la expropiación de YPF entra en una nueva etapa judicial con riesgo de escalar al CIADI, un tribunal históricamente adverso para el país.
El litigio por YPF sumó un nuevo capítulo y vuelve a colocar a la Argentina en una zona de alta tensión financiera y legal. Si bien el reciente fallo en Nueva York que anuló la condena por más de US$16.000 millones representó un alivio, el escenario dista de estar resuelto.
La decisión de la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, al considerar que hubo una interpretación incorrecta de la legislación argentina en la expropiación del 51% de la petrolera en 2012. Este giro judicial fortaleció la posición del país, pero solo de manera parcial.
Lejos de dar por terminado el conflicto, los fondos demandantes —entre ellos Petersen y Eton Park, con respaldo del fondo Burford— ya anticiparon una nueva ofensiva legal. La estrategia combina la revisión del fallo en tribunales estadounidenses con un eventual traslado del caso al CIADI, el principal organismo de arbitraje internacional.
Este posible paso genera especial preocupación en el Gobierno. El CIADI, dependiente del Banco Mundial, es un terreno donde la Argentina acumula resultados ampliamente desfavorables, con una alta tasa de fallos adversos y miles de millones de dólares en laudos en contra.
El antecedente más cercano en este tipo de disputas fue el acuerdo alcanzado en 2014 con Repsol, que evitó una condena arbitral tras la expropiación de YPF mediante una compensación de US$5.000 millones. Sin embargo, el actual conflicto podría reactivarse bajo esquemas similares, apoyándose en tratados bilaterales de inversión firmados en los años ‘90.
Además, los demandantes buscarían utilizar documentación obtenida en el proceso judicial en EE.UU. para fortalecer su posición en un eventual arbitraje, lo que añade complejidad técnica y jurídica al caso.
El conflicto por YPF no es un hecho aislado. Se suma a una larga lista de litigios internacionales contra la Argentina, muchos de ellos aún abiertos o en ejecución, que reflejan el impacto estructural de estas disputas en las cuentas públicas.
En este contexto, el Gobierno enfrenta un doble desafío estratégico: sostener el triunfo judicial conseguido en Estados Unidos y, al mismo tiempo, prepararse para una eventual batalla en el ámbito internacional, donde el margen de maniobra es históricamente más limitado.
Con un escenario cargado de incertidumbre, el caso YPF vuelve a perfilarse como uno de los principales riesgos económicos y legales para la Argentina en los próximos años.