Amenazas en escuelas: Avanzan allanamientos y crece la preocupación en la provincia de Buenos Aires

La Justicia bonaerense intensifica su accionar frente a una oleada de amenazas en escuelas que encendió alarmas en distintas localidades. En el Departamento Judicial de Bahía Blanca, la fiscal Betina Úngaro solicitó y ejecutó allanamientos simultáneos en busca de pruebas que permitan identificar a los autores de estos hechos.

Los procedimientos se realizaron en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro, en el marco de denuncias independientes pero con características similares, vinculadas a mensajes intimidatorios en instituciones educativas. El objetivo principal es recolectar evidencia clave y avanzar en causas donde incluso se sospecha la posible presencia de armas de fuego.

Aunque algunas amenazas podrían no representar un peligro concreto, la intervención judicial es obligatoria ante el potencial riesgo que implican este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a comunidades educativas.

Un fenómeno que se replica en otros distritos

El problema no se limita al sur bonaerense. En distintas zonas de la provincia se registraron casos similares con adolescentes implicados, lo que agrava la preocupación de las autoridades.

Uno de los episodios más sensibles ocurrió en San Miguel, donde un joven de 16 años fue identificado tras publicar en redes sociales mensajes que advertían sobre una posible masacre escolar. La investigación se inició a partir de una denuncia al 911 y derivó en la identificación del estudiante, quien exhibía imágenes con un arma de fuego. Como medida preventiva, se dispuso custodia policial en la institución educativa.

En paralelo, en La Plata y Ensenada, autoridades confirmaron que alumnos fueron identificados por realizar amenazas de tiroteos, y en operativos realizados en Lisandro Olmos se incautaron armas de distinto calibre durante allanamientos en domicilios de estudiantes.

Ramallo: peritan celulares y no descartan nuevas medidas

Otro foco de preocupación se registra en Ramallo, donde al menos cuatro escuelas fueron blanco de amenazas difundidas a través de redes sociales. La causa avanza con el peritaje de teléfonos celulares secuestrados, una herramienta clave para identificar a los responsables y determinar posibles conexiones entre los hechos.

Fuentes judiciales no descartan nuevos allanamientos o imputaciones en función de los resultados que arrojen las pericias, mientras se mantienen activos los protocolos de prevención en las instituciones afectadas.

El avance de estas investigaciones refleja un escenario de creciente tensión en el ámbito educativo, donde las amenazas —reales o no— generan impacto directo en estudiantes, docentes y familias, obligando a una rápida respuesta de la Justicia y las fuerzas de seguridad.