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El senador provincial Juan Manuel Rico Zini planteó la necesidad de restringir los teléfonos particulares en las unidades penitenciarias, luego del avance de una ley para regular su uso en las escuelas secundarias. Propone un sistema de comunicación supervisada que garantice el contacto con familiares y abogados, pero impida utilizar dispositivos para cometer delitos.
Juan Manuel Rico Zini
La regulación del uso de celulares en las escuelas bonaerenses abrió otro debate sobre el control de los dispositivos móviles en la provincia: ¿por qué establecer límites en las aulas y no avanzar con medidas más firmes en las cárceles?
El interrogante fue planteado por el senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, quien cuestionó la demora en implementar mecanismos para impedir que los teléfonos sean utilizados desde los establecimientos penitenciarios para realizar estafas, amenazas y extorsiones.
El legislador respaldó la regulación del uso de celulares durante las actividades escolares y sostuvo que la misma decisión política debería trasladarse al ámbito penitenciario, donde el uso de dispositivos personales plantea desafíos para la seguridad pública.
Durante la pandemia de COVID-19, la Justicia bonaerense autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en las cárceles para mantener el contacto entre las personas privadas de su libertad y sus familiares, en un contexto de restricciones sanitarias.
Según Rico Zini, aquella autorización excepcional no tuvo una respuesta definitiva en materia de controles y supervisión de las comunicaciones. El senador advirtió que los dispositivos pueden ser utilizados para organizar estafas virtuales, amenazas y extorsiones desde el interior de las unidades penitenciarias.
Como ejemplo, mencionó procedimientos vinculados con la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Junín, donde en septiembre se secuestraron teléfonos presuntamente utilizados para cometer delitos.
Para el legislador, estos episodios muestran la necesidad de avanzar con herramientas que permitan controlar las comunicaciones sin impedir el contacto legítimo de los internos con el exterior.
Rico Zini informó que, junto con los senadores Pablo Petrecca y Alex Campbell, impulsa un proyecto de ley para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en las cárceles bonaerenses.
La iniciativa propone reemplazar el uso irrestricto de celulares particulares por un mecanismo institucional con mayores controles. Entre sus principales características se encuentran:
Contactos registrados y verificados, para identificar a las personas con las que se comunican los internos.
Restricciones al acceso irrestricto a internet y redes sociales, con el objetivo de reducir las posibilidades de utilizar los dispositivos para actividades delictivas.
Comunicación con familiares y abogados, para preservar los vínculos personales y el ejercicio del derecho de defensa.
El senador aclaró que la propuesta no busca incomunicar a las personas privadas de su libertad, sino establecer un sistema que permita garantizar sus derechos y, al mismo tiempo, prevenir delitos coordinados desde las cárceles.
El planteo también apunta al Gobierno de Axel Kicillof y a la Legislatura bonaerense. Rico Zini reclamó que el Poder Ejecutivo informe qué controles se aplican actualmente, avance con las herramientas tecnológicas disponibles y promueva una regulación efectiva.
Según el legislador, existen iniciativas sobre esta problemática impulsadas por distintos espacios políticos, entre ellos el PRO, La Libertad Avanza y el Frente Renovador, aunque todavía no se tradujeron en una solución integral.
En su argumento, también destacó que el Estado nacional implementó mecanismos para detectar y bloquear dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios federales y habilitó un programa al que pueden adherir las provincias.
El senador cuestionó qué espera el gobernador para impulsar medidas concretas y reclamó que los proyectos presentados reciban tratamiento legislativo.
El debate penitenciario se produce en paralelo con las nuevas restricciones al uso de teléfonos en las escuelas secundarias bonaerenses, una medida que el PRO acompañó en el Senado provincial.
La regulación contempla la utilización de dispositivos cuando exista una finalidad pedagógica y la correspondiente autorización docente.
Rico Zini también señaló que continúa pendiente la reglamentación de la Ley 15.534, sancionada en 2025 para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias. Según expresó, el plazo legal de 180 días para avanzar con esa instancia ya venció.
Para el senador, ambos temas exponen una misma obligación del Estado: establecer reglas claras y garantizar su cumplimiento, tanto en el ámbito educativo como en el penitenciario.
El planteo vuelve a poner en discusión cómo compatibilizar los derechos de las personas privadas de su libertad con la prevención del delito y qué herramientas tecnológicas y normativas debe implementar la Provincia para controlar las comunicaciones desde las cárceles.
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