Condenaron a un médico por fraude en el histórico Hospital Ferroviario: La trama de sociedades y maniobras irregulares

Un fallo judicial que sacude al ámbito profesional y empresarial de la ciudad de Pergamino: el médico Ricardo Garaza fue condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos adquiridos, en una causa vinculada a la operatoria sobre el antiguo Hospital Ferroviario.

Según explicó el fiscal Nelson Mastorchio en diálogo con Rody Piraccini en el programa La Ventana de Radio Más, la investigación —iniciada en 2018— logró reconstruir una compleja trama de maniobras destinadas a excluir y perjudicar económicamente a su propio hermano y a otros socios.

De acuerdo con la acusación, Garaza habría impulsado la creación de tres sociedades sucesivas vinculadas a la compra y explotación del predio, utilizando asambleas irregulares, documentación inconsistente y transferencias de bienes que terminaron beneficiando a un grupo reducido dentro de la última estructura societaria.

La fiscalía, que contó también con la intervención de la fiscal adjunta Susana Muscolini, sostuvo su caso en una sólida base probatoria: escrituras, contratos, pericias caligráficas, allanamientos y testimonios clave. En total, cinco profesionales fueron reconocidos como damnificados directos.

El fallo establece además restricciones específicas, como la prohibición de integrar nuevas sociedades comerciales, aunque no impide al condenado continuar ejerciendo la medicina. La fiscalía había solicitado una pena más severa, advirtiendo que, de superar los tres años, la condena habría sido de cumplimiento efectivo.

En paralelo, Garaza enfrenta acciones civiles y comerciales impulsadas por las víctimas, que buscan recuperar el perjuicio económico sufrido.

El caso generó fuerte repercusión en la ciudad, no solo por involucrar a una familia reconocida, sino también por el trasfondo: la gestión de un espacio histórico vinculado a la salud pública. Para la fiscalía, la sentencia marca un precedente claro sobre la necesidad de actuar con “buena fe” en la administración de sociedades y proyectos colectivos.