La Justicia Federal desarticuló una presunta organización dedicada a reclutar civiles y exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante falsas ofertas laborales para enviarlos al conflicto entre Ucrania y Rusia. Una mujer fue detenida y otro de los acusados permanece prófugo.
Una investigación de la Justicia Federal permitió desbaratar una presunta organización criminal que captaba ciudadanos argentinos con falsas promesas laborales para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. La causa, que investiga un posible caso de trata de personas con fines de explotación, derivó en la detención de una mujer durante un allanamiento realizado en la localidad bonaerense de Tigre, mientras que su pareja, también señalada como integrante de la red, permanece prófuga tras abandonar el país rumbo a Brasil.
La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y sostiene que la organización utilizaba redes sociales y plataformas digitales para contactar a potenciales víctimas, muchas de ellas exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la investigación, los reclutadores ofrecían incorporarse al Ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con salarios cercanos a 3.000 dólares mensuales.
Sin embargo, las condiciones reales del trabajo permanecían ocultas. A las víctimas les entregaban contratos redactados en idioma ucraniano, en los que figuraban supuestas tareas civiles ajenas al ámbito militar. Además, recibían instrucciones para mentir ante las autoridades migratorias, afirmando que viajarían a Europa para desempeñarse en el sector de la construcción.
El caso salió a la luz en marzo de este año, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron irregularidades durante el control de cuatro hombres que estaban por viajar a Ucrania.
Los pasajeros desconocían quién había comprado sus pasajes, quién los recibiría en destino y cuáles serían sus tareas, además de no contar con boletos de regreso ni recursos económicos suficientes para permanecer en Europa.
A partir de ese episodio, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización mediante tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y vigilancia, identificando a los presuntos responsables del reclutamiento.
Los fiscales consideran que el caso podría encuadrarse como trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, ya que las víctimas eran captadas mediante engaños, falsas promesas económicas y mecanismos de endeudamiento, que luego limitaban su posibilidad de abandonar la organización.
Según la investigación, una vez en el extranjero, los reclutados podían quedar sometidos a retención de documentación, amenazas, aislamiento y deudas ficticias, obligándolos a participar en actividades vinculadas al conflicto armado.
El avance de la causa coincidió con una notificación morada emitida por INTERPOL en julio de 2026, que alertó sobre una modalidad similar detectada en América Latina.
La organización internacional advirtió sobre redes criminales dedicadas a captar exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante falsas ofertas laborales, prometiendo altos ingresos y beneficios migratorios para luego trasladarlos a zonas de guerra en Europa.
Las autoridades señalaron que este tipo de estructuras operan a nivel transnacional, utilizando empresas de fachada, contratos aparentes y estrategias para engañar a los controles migratorios, antes de someter a las víctimas a situaciones de trabajo forzado y coerción.
La mujer detenida será indagada por el delito de trata de personas, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado durante el allanamiento e intenta localizar al segundo sospechoso, que permanece prófugo.
Foto: Policía Federal Argentina
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