La magistrada de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora le había otorgado una "salida recreativa" a Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas en septiembre de 2025, cuando ya era mayor de edad y esperaba la sentencia. La madre de Uma, María Eugenia Rodríguez, cuestionó duramente la decisión y aseguró que ni la querella ni el fiscal fueron notificados.
La muerte de Uma Aguilera vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez, el foco está puesto en una decisión de la jueza de Responsabilidad Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien había autorizado una salida recreativa para Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, uno de los involucrados en el crimen de la adolescente.
De acuerdo con lo señalado por María Eugenia Rodríguez, madre de Uma, la medida fue adoptada el 22 de septiembre de 2025, cuando Romero Molinas ya era mayor de edad y permanecía a la espera de una resolución definitiva en la causa.
La decisión generó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima. Rodríguez sostuvo que la querella y el fiscal Hernán Ceruti no fueron notificados de la autorización y consideró que la medida implicó un incumplimiento de la Ley de Víctimas.
“Estoy bastante molesta con la jueza, debería darle vergüenza”, expresó la madre de Uma.
El cuestionamiento a Pascual se suma a otra decisión vinculada con el proceso judicial. En el marco de un juicio abreviado, las partes habían acordado una pena de 15 años de prisión para Guillermo Romero Molinas. Sin embargo, la magistrada finalmente estableció una condena de 12 años.
Romero Molinas era menor de edad al momento del crimen, una circunstancia que determinó que fuera juzgado bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.
La madre de Uma manifestó su rechazo a lo que considera una postura excesivamente garantista de la magistrada y reclamó una Justicia que contemple también el impacto del delito sobre las víctimas y sus familias.
“Reeducar es enseñarles que sus acciones tienen consecuencias”, sostuvo Rodríguez, al cuestionar la posibilidad de que jóvenes que participaron en delitos graves regresen a la sociedad sin que, a su criterio, se hayan garantizado las condiciones necesarias para evitar una nueva situación de riesgo.
El reclamo de la familia tiene como telón de fondo una frase que resume el dolor de Rodríguez: Uma no tuvo posibilidad de elegir.
“Duele que no vea que si el menor está ahí es por una decisión propia; mi hija no decidió estar frente al arma que la ejecutó”, expresó la madre de la adolescente.
Las críticas se producen además en un momento en que la figura de Marta Pascual se encuentra bajo cuestionamiento por su postura frente a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La jueza había presentado un habeas corpus con el objetivo de suspender durante 60 días su aplicación.
El crimen ocurrió el 22 de enero de 2024, cuando Uma se encontraba junto a su padre, Eduardo Aguilera, en las inmediaciones de su vivienda.
Ambos fueron abordados por delincuentes y durante el ataque se efectuaron tres disparos. Uno impactó en el parante trasero del vehículo y otro ingresó por una de las ventanillas.
Uma fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca, donde los médicos constataron horas más tarde su fallecimiento.
El crimen desencadenó un intenso operativo de investigación para identificar y detener a todos los integrantes de la banda.
La investigación permitió identificar y detener a Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas, Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas y Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, quienes habían participado previamente en la sustracción de un vehículo.
Los tres primeros fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego y cometido en lugar poblado y en banda, con el agravante de la participación de un menor de 18 años.
En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de cinco años de prisión como partícipe secundario del robo calificado por el uso de arma de fuego. Además, se ordenó su inmediata detención y se abrió una investigación por el robo del Toyota Corolla utilizado antes del asesinato.
Por su parte, Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, quien tenía menos de 18 años cuando ocurrió el ataque, recibió una condena de 12 años de prisión luego del juicio abreviado.
Ahora, la decisión de haberle permitido una salida recreativa mientras esperaba la sentencia vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la jueza Marta Pascual y reabre el reclamo de la familia de Uma sobre el tratamiento judicial de quienes participaron en el crimen.
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