Detuvieron a los dueños de una concesionaria de Pilar: Investigan una presunta estafa millonaria con autos de alta gama

Una concesionaria de autos de alta gama en Pilar quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial. Sus propietarios, Carlos Alberto González, de 42 años, y Cynthia Chamoles, de 44, fueron detenidos acusados de integrar una presunta asociación ilícita que habría perjudicado al menos a 47 clientes.

La pareja es dueña de Autos Pilar Premium, ubicada sobre la Colectora Oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en Manuel Alberti. La causa se inició a partir de las primeras denuncias presentadas en mayo y ahora está caratulada como estafa y asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación, los damnificados habrían entregado dinero como seña por vehículos que nunca fueron entregados. También se investiga la venta de automóviles recibidos en consignación, cuyos propietarios no habrían recibido el dinero correspondiente.

Un diputado y el hermano de Agustín Pichot, entre los denunciantes

El expediente tomó mayor repercusión por los nombres de algunos de los damnificados.

Fuentes judiciales señalaron que entre los 47 clientes figura el diputado jujeño Manuel Quintar, quien había denunciado haber pagado US$ 285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca recibió.

Quintar había adquirido notoriedad meses atrás cuando trascendió que estacionó su Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.

Otro de los damnificados es Joaquín Pichot, exrugbier del CASI y hermano de Agustín Pichot, excapitán de Los Pumas.

Según la investigación, Pichot había entregado una Ford Ranger Raptor para que la concesionaria gestionara su venta en consignación. Los investigadores sostienen que, una vez que los imputados dispusieron del vehículo, la operación habría sido desviada en beneficio propio, sin restituir el dinero ni rendir cuentas al propietario.

El antecedente de los 19 autos secuestrados

La investigación ya había tenido un capítulo importante en mayo, cuando la Justicia ordenó secuestrar 19 vehículos de alta gama que se encontraban en la concesionaria.

Según la información difundida entonces, los automóviles tenían un valor conjunto cercano a US$ 1,3 millones y se encontraban exhibidos en lugares que no estaban habilitados y presentaban irregularidades.

La nueva medida judicial llegó después de que los investigadores reunieran elementos que, según la causa, indicarían que las operaciones denunciadas no habrían sido hechos aislados, sino parte de un esquema organizado bajo una apariencia de actividad comercial legítima.

La orden de allanamiento y detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de San Isidro.

Cómo habría funcionado la maniobra

La hipótesis investigada sostiene que detrás de la concesionaria funcionaba una estructura integrada por alrededor de diez personas.

Según las denuncias, el mecanismo habría combinado la venta de vehículos, operaciones en consignación y la captación de dinero destinado a la adquisición o importación de automóviles.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que, incluso después de las primeras denuncias, la concesionaria habría continuado promocionando vehículos a través de redes sociales y plataformas de compraventa.

Instagram, Facebook y Mercado Libre eran utilizados para ofrecer unidades que, según los denunciantes, no habrían sido entregadas o que figuraban como vendidas pese a que los propietarios originales no habían recibido el dinero de la operación.

Con el avance de las denuncias, el número de presuntos damnificados llegó a 47, aunque los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevos casos.

Detuvieron al matrimonio en un barrio cerrado

González y Chamoles fueron detenidos en una vivienda del barrio cerrado Los Condes, en Pilar. Durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la investigación.

El expediente está a cargo de la UFI N.º 2 de Pilar, encabezada por el fiscal Andrés Quintana.

La Justicia busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existió efectivamente una estructura organizada detrás de las operaciones denunciadas.

Un antecedente judicial de González

González también registra un antecedente judicial. Según informó Pilar a Diario, durante el año pasado había sido procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay en una causa por desobediencia a funcionario público.

En ese expediente, además, se había dispuesto un embargo sobre sus bienes por $300 millones, de acuerdo con la información publicada por el medio local.

La nueva investigación vuelve a poner el foco sobre la concesionaria de Pilar y sobre una serie de operaciones con vehículos de alta gama que, para la Justicia, podrían haber formado parte de una maniobra mucho más amplia que una disputa comercial entre particulares.

Mientras la causa avanza, la cantidad de damnificados podría aumentar y los investigadores deberán determinar el alcance de la presunta asociación ilícita y el destino del dinero y de los vehículos involucrados.