La Libertad Avanza pedirá el juicio político contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

La decisión judicial de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo frente de conflicto entre la Justicia bonaerense y La Libertad Avanza.

La conducción provincial de LLA anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, magistrada de Lomas de Zamora que dispuso la medida cautelar contra la implementación del nuevo esquema.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabezará junto con los equipos técnicos y políticos del espacio una mesa de trabajo para definir el mecanismo con el que buscarán avanzar contra la magistrada.

El fuerte cuestionamiento de Sebastián Pareja

Pareja acusó a Pascual de intentar frenar una ley sancionada por el Congreso Nacional y vinculó la decisión judicial con intereses políticos.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense”, afirmó el dirigente libertario, quien sostuvo que la magistrada estaría priorizando una mirada política por sobre una norma que, según planteó, responde a una demanda social.

En esa línea, LLA bonaerense sostuvo que la suspensión “profundiza la situación de impunidad” que, según su interpretación, afecta a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Pareja también apuntó contra el kirchnerismo y el peronismo y cuestionó decisiones judiciales y políticas vinculadas con la liberación de personas detenidas. Además, acusó a la jueza de actuar como un “peón” del gobernador Axel Kicillof, una afirmación que forma parte del posicionamiento político de La Libertad Avanza frente al fallo.

Los senadores libertarios también cuestionaron el fallo

El rechazo a la decisión judicial se extendió al bloque de senadores bonaerenses de LLA. Su presidente, Carlos Curestis, afirmó que la resolución deja en evidencia, según su visión, “de qué lado están” quienes la adoptaron.

El legislador sostuvo que la suspensión del régimen implica mantener un escenario de impunidad y cuestionó tanto a la Justicia bonaerense como al gobierno provincial.

“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad”, afirmó Curestis, quien sostuvo que los vecinos de la provincia no deberían quedar “rehenes” de decisiones que, a su entender, terminan favoreciendo a quienes cometen delitos.

LLA anticipó que llevará a la jueza a juicio político

Desde la Cámara de Diputados bonaerense, el titular del bloque libertario, Juan Osaba, también calificó de “inadmisible” la decisión de suspender la aplicación del nuevo régimen.

Osaba cuestionó especialmente que una resolución judicial pueda frenar una norma aprobada por el Congreso Nacional y sostuvo que la medida afecta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

“Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, afirmó el jefe del bloque de Diputados de LLA.

Un nuevo choque entre la política y la Justicia

El conflicto suma así un nuevo capítulo a la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil y el alcance de las decisiones judiciales frente a leyes aprobadas por el Poder Legislativo.

Mientras la Justicia mantiene suspendida la aplicación del nuevo régimen durante 60 días, La Libertad Avanza prepara una ofensiva política para intentar avanzar con el juicio político contra la magistrada.

El próximo paso será definido por la conducción bonaerense del espacio, que deberá determinar el mecanismo institucional para formalizar su pedido de destitución.

El enfrentamiento deja planteado un escenario de fuerte tensión entre el oficialismo libertario, la Justicia bonaerense y el gobierno de Axel Kicillof, con el nuevo Régimen Penal Juvenil como eje de la disputa.