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El máximo tribunal declaró inconstitucional el uso de información privada sin autorización y anuló artículos clave de la ley de datos personales. El fallo refuerza el derecho a la privacidad y limita el accionar estatal.
Corte Suprema Argentina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó un fallo de alto impacto institucional: declaró inconstitucional que el Estado utilice datos personales sin consentimiento y anuló artículos de la ley de Protección de Datos por considerar que vulneran derechos fundamentales.
La decisión se tomó a partir de una acción de habeas data presentada por una jubilada, quien denunció el uso de su información personal sin autorización, en el marco de un convenio entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, el tribunal fue contundente:
. No existe interés legítimo que justifique el uso, almacenamiento o circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.
El fallo advierte que permitir estas prácticas vacía de contenido el derecho a la privacidad y afecta la autodeterminación informativa de los ciudadanos.
La Corte invalidó disposiciones de la Ley 25.326 que habilitaban el intercambio de datos entre organismos públicos sin consentimiento, al considerar que:
El tribunal marcó así un precedente clave: la información personal no puede ser utilizada para fines distintos a los que motivaron su entrega.
La causa se originó cuando una jubilada denunció haber recibido comunicaciones oficiales no deseadas, tras la cesión de sus datos desde ANSES a otra dependencia estatal.
El reclamo dejó al descubierto una práctica extendida: el uso de datos personales con fines comunicacionales sin consentimiento explícito.
El fallo no fue unánime. En disidencia, Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
La decisión marca un antes y un después: establece que el Estado también debe respetar límites estrictos en el manejo de datos personales.
En un contexto de creciente digitalización, el fallo refuerza un principio clave:
. los datos personales pertenecen a los ciudadanos, no al Estado.
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