El senador brasileño afirmó que fue notificado por la Policía Federal por orden del juez Alexandre de Moraes. La medida está vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al abogado Willer Tomaz y empresas relacionadas con apuestas. Flávio denunció una persecución política.
La derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva tuvo un nuevo capítulo judicial este lunes. El senador brasileño aseguró que la Policía Federal lo intimó a entregar sus pasaportes y que quedó impedido de abandonar el país por una decisión del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).
La notificación se habría producido cuando el legislador salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. Según relató el propio senador en un video publicado en sus redes sociales, la orden fue firmada durante la noche del domingo, después de conocerse el resultado del balotaje presidencial.
La decisión judicial se enmarca en una investigación que involucra a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz, bajo sospecha de presunto lavado de dinero. Como el expediente se encuentra bajo secreto de Justicia, no se conocen públicamente todos los fundamentos de la resolución.
De acuerdo con los detalles difundidos sobre la medida, el senador deberá entregar sus documentos de viaje y permanecer en territorio brasileño. Flávio afirmó que también se le exigió presentar pasaportes de otras nacionalidades, si los tuviera.
El legislador cuestionó la decisión y la vinculó con el resultado electoral. «Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración», sostuvo en su mensaje, en el que calificó la medida como un intento de intimidación.
También señaló que la resolución estaría relacionada con declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.
Hasta el momento, los detalles de la resolución se conocen principalmente a través de las declaraciones del senador y de las informaciones periodísticas sobre el caso.
La causa investiga posibles movimientos financieros relacionados con empresas vinculadas al abogado Willer Tomaz y al sector de las apuestas deportivas, conocido en Brasil como bets.
Uno de los elementos mencionados en los informes de la Policía Federal es Alcazar Holdings, una sociedad registrada en la isla de Madeira, Portugal. Según los investigadores, documentación bancaria y correos electrónicos indicarían que Flávio Bolsonaro figuraba como usuario principal de una cuenta vinculada con esa empresa.
La investigación también analiza relaciones comerciales y personales entre el senador y Tomaz, además de registros de viajes, pagos y vínculos societarios. Entre los elementos bajo análisis figura el uso compartido de un avión privado en un vuelo entre Estados Unidos y Brasil.
Los investigadores buscan establecer el origen y el destino de los fondos, así como determinar si existieron operaciones financieras irregulares. Las sospechas forman parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismas, una condena judicial.
Por su condición de senador, Flávio Bolsonaro cuenta con jurisdicción ante el Supremo Tribunal Federal. El expediente fue remitido a ese tribunal y quedó bajo la intervención de Alexandre de Moraes.
La decisión judicial se conoció menos de 24 horas después del balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, en el que Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y obtuvo un nuevo mandato.
De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula consiguió el 51,79% de los votos válidos, equivalentes a 64.256.232 sufragios. Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,21%, con 59.826.041 votos.
La diferencia superó los 4,4 millones de votos y revirtió el resultado de la primera vuelta, en la que el candidato del Partido Liberal había terminado por delante del actual mandatario.
Tras la derrota, Flávio cuestionó aspectos del proceso electoral y anunció que buscaría impugnar el resultado. En paralelo, la decisión judicial sobre sus pasaportes abrió un nuevo frente de tensión política en Brasil.
El alcance de las restricciones y la evolución de las investigaciones financieras dependerán de las actuaciones judiciales que se desarrollen en los próximos días.
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