El gobernador bonaerense participó de una audiencia clave en la Corte Suprema por los fondos adeudados por ANSES. Se fijó el 10 de junio como fecha límite para que el Gobierno nacional acerque una solución concreta.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo por una deuda superior a $2,3 billones que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con la provincia.
El eje del conflicto radica en la suspensión de transferencias obligatorias destinadas a las cajas previsionales provinciales no transferidas al Estado nacional. En ese contexto, el mandatario remarcó que se logró un avance concreto: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán presentar una propuesta de pago antes del 10 de junio, tras más de dos años de reclamos sin respuestas.
Kicillof advirtió además que este caso forma parte de un escenario más amplio: la provincia mantiene ocho demandas ante la Corte Suprema, que en conjunto superan los $15 billones, lo que equivale a un tercio del presupuesto anual bonaerense. “Se trata de una cifra inmensa en un contexto económico complejo”, subrayó.
El gobernador también apuntó contra el impacto de las políticas nacionales, señalando que hubo un recorte abrupto de fondos hacia provincias y municipios, lo que —según indicó— profundizó la crisis y elevó las necesidades sociales.
Entre los reclamos adicionales, la Provincia incluyó demandas por la quita de recursos clave como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el financiamiento del transporte público, los aportes para salarios docentes, y programas vinculados a bosques nativos. También cuestiona la eliminación del sistema de boleto integrado y el incumplimiento de acuerdos fiscales vigentes.
La audiencia contó además con la presencia del ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del IPS, Marina Moretti.
En un escenario de fuerte tensión fiscal, la definición que surja en junio podría marcar un punto de inflexión en la relación financiera entre Nación y Provincia.