Petovello desplazó a su jefe de Gabinete y crece la presión por transparencia

En medio de un clima creciente de cuestionamientos, la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se hiciera público que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación.

Según fuentes oficiales, la medida no respondió a una irregularidad legal, sino a un criterio político y de exposición pública: desde el entorno de la ministra consideraron que Massaccesi debió consultar previamente antes de avanzar con una operación de este tipo, dada su posición dentro del Estado y la participación de una entidad pública.

El caso no es aislado. La polémica se amplificó tras conocerse que otros funcionarios y legisladores del oficialismo también accedieron a créditos similares, lo que generó un fuerte debate sobre la transparencia y los posibles privilegios en el acceso a financiamiento estatal.

En ese contexto, la oposición avanzó con pedidos de informes en el Congreso, exigiendo explicaciones al Poder Ejecutivo y al Banco Nación. El diputado Esteban Paulón cuestionó el otorgamiento de préstamos por montos elevados a dirigentes políticos y advirtió sobre la necesidad de garantizar reglas claras y equitativas.

Por su parte, el Banco Nación salió a respaldar su operatoria y aseguró que los créditos se otorgan bajo un sistema “homogéneo y sin excepciones”, aunque confirmó la existencia de líneas específicas para empleados públicos con condiciones más favorables, como mayor porcentaje de financiamiento.

Mientras tanto, el propio Massaccesi utilizó sus redes sociales para defenderse: afirmó que “no hizo nada ilegal” y que accedió al crédito para su vivienda cumpliendo todos los requisitos. Sin embargo, su salida se convirtió en la primera reacción institucional concreta frente a un tema que ya escala en la agenda política.

El trasfondo del conflicto abre un interrogante clave: ¿pueden los funcionarios acceder a beneficios estatales sin generar sospechas? La discusión ya no es solo legal, sino también ética y política, en un contexto donde la confianza pública vuelve a estar en el centro del debate.