La fiscalía solicitó retomar el proceso judicial por homicidio contra el músico, al considerar que su actividad reciente demuestra capacidad para enfrentar un juicio oral.
La causa judicial contra el músico Cristian "Pity" Álvarez vuelve a tomar impulso: el fiscal Sandro Abraldes pidió reanudar de inmediato el proceso penal y fijar fecha para el juicio oral, tras considerar que ya no existen impedimentos de salud mental que justifiquen su suspensión.
Álvarez está acusado de un homicidio agravado ocurrido en 2018 en Villa Lugano, además de otros delitos vinculados a privación ilegítima de la libertad.
El punto de inflexión para la fiscalía fue el concierto multitudinario que el músico brindó en Córdoba en diciembre de 2025, donde —según el dictamen— quedó en evidencia su capacidad cognitiva sostenida.
“Se observa una persona orientada, con atención, memoria y coordinación conductual compleja”, sostuvo Abraldes.
El fiscal remarcó que el show, de aproximadamente tres horas, implicó:
Para la acusación, esto genera una “disonancia objetiva” frente a los argumentos de la defensa sobre una supuesta incapacidad para afrontar el juicio.
El proceso había sido suspendido en dos oportunidades —la última en 2023— por el estado de salud mental del imputado, que desde entonces es evaluado por el Cuerpo Médico Forense.
Sin embargo, informes recientes concluyeron que Álvarez cuenta con “reserva cognitiva suficiente” para participar del proceso penal.
En contraposición, los peritos de la defensa sostienen que no hay garantías sobre su desempeño durante el juicio, y solicitaron nuevas evaluaciones.
Abraldes también pidió rechazar nuevos estudios neuropsicológicos al considerar que podrían derivar en una “suspensión indefinida del juicio”.
“La lógica es clara: evaluar, esperar, tratar y volver a evaluar. Resultado: el juicio no empieza nunca”, advirtió.
Además, subrayó que el músico ya tiene programado otro recital en Rosario, lo que refuerza —según la fiscalía— la idea de una capacidad sostenida de funcionamiento.
La decisión ahora queda en manos del tribunal, que deberá definir si hace lugar al pedido y reactiva un juicio postergado durante años en uno de los casos más resonantes del ámbito artístico y judicial argentino.
El foco está puesto en un punto central: determinar si el acusado está en condiciones reales de enfrentar el proceso, en equilibrio entre garantías legales y avance de la causa.