Prisión preventiva para dos bolivianos acusados de intentar sacar del país un avión valuado en USD 150.000

La Justicia Federal de Salta dictó la prisión preventiva por 80 días para dos ciudadanos bolivianos acusados de intentar contrabandear un avión hacia Bolivia, en una investigación que comenzó tras detectarse maniobras irregulares en el aeródromo de General Enrique Mosconi, en el norte del país.

La causa se inició el 9 de julio, cuando una Cessna 210 matrícula argentina aterrizó en el aeródromo y despertó sospechas por inconsistencias en la documentación del vuelo. Si bien existía un plan presentado ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), los investigadores detectaron irregularidades sobre el origen de la aeronave y las autorizaciones correspondientes.

La pesquisa, encabezada por la fiscal federal Lucía Orsetti junto a efectivos de Gendarmería Nacional, permitió reconstruir los movimientos de los dos ocupantes, quienes fueron localizados en un hotel de General Mosconi y posteriormente detenidos cuando regresaban hacia el aeródromo.

Acusados de intentar sacar la aeronave del país

Los imputados, de 46 y 40 años, fueron acusados de realizar funciones aeronáuticas sin habilitación y de tentativa de contrabando agravado del avión, valuado en 150.000 dólares.

Durante los procedimientos, la Justicia secuestró la aeronave, teléfonos celulares, documentación, combustible y otros elementos de interés para la investigación. Los peritajes descartaron la presencia de estupefacientes en el avión, aunque el análisis de los dispositivos electrónicos reveló conversaciones y videos considerados relevantes para la causa.

Antecedentes y riesgo de fuga

Al resolver la prisión preventiva, el juez federal Jorge Gustavo Montoya tuvo en cuenta la falta de arraigo de los acusados, el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados.

Además, durante la audiencia se recordó que el piloto había sido condenado en Paraguay en 2010 por tráfico de 440 kilogramos de cocaína, pena que cumplió parcialmente antes de regresar a Bolivia.

La investigación continuará durante los próximos 80 días, período en el que la fiscalía profundizará el análisis de las pruebas secuestradas para determinar el alcance de la presunta maniobra de contrabando.