Psicólogos bonaerenses rechazan la reforma de la Ley de Salud Mental

El Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires expresó su rechazo a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y reclamó fortalecer las políticas de prevención y atención comunitaria, en un contexto marcado por el crecimiento de los padecimientos subjetivos y el aumento de los suicidios en el país.

El pronunciamiento se conoció durante una jornada realizada en Necochea, bajo la consigna Rumbo al Congreso Provincial ColPsiBA 2027, donde el presidente de la entidad, Pablo Della Savia, defendió una concepción integral de la salud mental, vinculada no solamente con la atención sanitaria, sino también con los derechos humanos y las condiciones económicas y sociales de la población.

"No hay salud mental sin derechos, salud mental es también llegar a fin de mes, salud mental son condiciones sociales que permitan la creación y la continuidad de un proyecto de vida digno", sostuvo el dirigente.

La declaración se produjo después de que el Senado nacional aprobara, con 42 votos afirmativos y 21 negativos, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley 26.657, sancionada en 2010. La iniciativa obtuvo media sanción y deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados.

Por qué los psicólogos rechazan los cambios en la ley

Uno de los principales cuestionamientos del Colegio bonaerense apunta a las modificaciones en los criterios de internación involuntaria y al lugar que ocuparán los distintos profesionales en las decisiones terapéuticas.

La reforma propone reemplazar el criterio de "riesgo cierto e inminente" por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. También habilita que un médico, preferentemente psiquiatra, pueda indicar una internación involuntaria ante una situación de emergencia, con los mecanismos de revisión previstos en el proyecto.

La iniciativa amplía, además, el abordaje de las adicciones dentro del sistema de salud mental e incorpora expresamente problemáticas como la ludopatía.

Desde el Colegio de Psicólogos, sin embargo, advierten que los cambios no deben debilitar el enfoque interdisciplinario ni las garantías de las personas que atraviesan padecimientos mentales.

"La profundidad de la crisis de salud mental no habilita que cualquiera pueda hacer cualquier cosa", advirtió Della Savia, quien también reclamó respeto por las incumbencias profesionales.

El titular de la entidad cuestionó, además, las miradas que responsabilizan exclusivamente a cada individuo por sus dificultades, sin considerar el impacto de los problemas económicos, laborales y sociales.

5.209 suicidios en Argentina: el reclamo por una prevención que llegue antes de la crisis

La preocupación del sector profesional también está respaldada por las cifras. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se registraron 5.209 muertes por suicidio en Argentina, frente a las 4.249 contabilizadas en 2024.

El informe representa un incremento del 22,6% en la cantidad de casos y ubica el registro de 2025 como el más elevado de la serie publicada por ese organismo desde 2016. La tasa llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes mayores de cinco años.

Se trata de cifras que requieren una lectura cuidadosa, ya que el sistema de registro incorporó cambios y mejoras en la información, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Aun así, constituyen una señal de alarma sobre la necesidad de fortalecer las respuestas de prevención y asistencia.

En el análisis de la problemática, Della Savia puso especial atención en los adolescentes y adultos jóvenes, aunque también mencionó la situación de las personas mayores de 70 años.

"El suicidio no es predecible, pero sí prevenible. La prevención empieza con medidas comunitarias dirigidas a toda la comunidad, tenga o no riesgo suicida", afirmó en diálogo con Diputados Bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires registró 1.977 casos durante 2025, la cifra absoluta más elevada entre las jurisdicciones del país. En términos proporcionales, en cambio, Entre Ríos presentó la tasa más alta, con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.

Escuelas, familias y comunidad: la importancia de detectar las señales

Para el Colegio de Psicólogos, la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de los profesionales de la salud. También requiere la participación de las instituciones educativas, las familias y los espacios comunitarios.

Della Savia destacó particularmente el papel de las escuelas, donde los docentes pueden advertir cambios de comportamiento y situaciones de sufrimiento que necesitan acompañamiento.

"Para los niños, la escuela cumple un rol fundamental porque allí pasan gran parte de su día y muchas veces los docentes son los primeros en advertir que un estudiante la está pasando mal", señaló.

El especialista también remarcó la importancia de intervenir tempranamente y garantizar dispositivos de atención y seguimiento, especialmente ante antecedentes de intentos de suicidio, que constituyen un importante factor de riesgo.

En ese sentido, reclamó políticas públicas concretas, inversión presupuestaria, profesionales capacitados y trabajo territorial. También subrayó que la respuesta debe contemplar tanto la prevención como la posvención, es decir, el acompañamiento a familiares y comunidades atravesadas por un suicidio.

El reclamo de los profesionales bonaerenses

La jornada provincial en Necochea incluyó debates sobre salud mental comunitaria, atención primaria, niñeces y adolescencias, personas mayores, género y diversidad, derechos humanos, ética profesional e inteligencia artificial, entre otros temas.

Al finalizar el encuentro, representantes de la mayoría de los distritos firmaron una declaración conjunta de rechazo al proyecto de reforma y reclamaron mejores condiciones laborales para los psicólogos.

"Así como nadie se salva solo, nadie puede afrontar el desafío de atender la salud mental de una persona, un grupo, una comunidad, solo o sola", concluyó Della Savia.

El planteo del Colegio bonaerense pone en el centro una discusión que excede los cambios legislativos: cómo garantizar que la atención en salud mental llegue a tiempo, tenga recursos suficientes y contemple las condiciones de vida de quienes necesitan ayuda.