Robos de ganado y caminos intransitables: LLA pone bajo la lupa a Kicillof por la situación del campo bonaerense

Seguridad y caminos rurales. Dos problemas que afectan de manera directa a los productores bonaerenses quedaron ahora bajo la lupa de la Legislatura. El senador de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Cabezas, presentó dos pedidos de informes dirigidos al gobierno de Axel Kicillof para conocer qué está haciendo la Provincia frente al delito rural y cómo se utilizan los recursos destinados a mantener la red vial del interior.

Las iniciativas ponen el foco particularmente en los municipios de la Cuarta sección electoral y buscan obtener información concreta sobre personal, vehículos, operativos, denuncias, fondos y obras.

El primer pedido apunta directamente a la seguridad rural.

Abigeato, robos y patrullas: qué quiere saber LLA

Cabezas reclamó al Ejecutivo bonaerense información sobre la cantidad de efectivos destinados a los Comandos de Prevención Rural (CPR) de cada municipio de la Cuarta sección, además del detalle de cargos cubiertos y vacantes.

También pidió conocer cuántos vehículos tiene cada dependencia, cuáles están operativos y cuáles permanecen fuera de servicio.

El pedido incorpora además las denuncias por delitos cometidos en zonas rurales durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, discriminadas por municipio y tipo de hecho.

Entre los delitos sobre los que busca información aparecen el abigeato y la faena clandestina, pero también el robo de maquinaria agrícola, herramientas, insumos y otros bienes vinculados con la actividad agropecuaria.

El senador también quiere conocer cuántos operativos preventivos realizaron los Comandos de Prevención Rural durante ese período y cuál es el grado de implementación del programa “Tranqueras Seguras”, incluyendo la cantidad de establecimientos incorporados.

Según Cabezas, las características del territorio rural —grandes distancias, población dispersa y extensos caminos de difícil acceso— requieren una estrategia de seguridad específica.

Por eso, el legislador también pidió información sobre los recursos presupuestarios, materiales y tecnológicos destinados a fortalecer los CPR durante 2025 y 2026, así como las nuevas incorporaciones de personal, móviles y equipamiento.

Un reclamo que ya había llegado a la Legislatura

El pedido de LLA se suma a otras iniciativas que buscan reforzar la respuesta frente al delito rural.

La diputada de UCR + Cambio Federal Silvina Vaccarezza había impulsado un proyecto para crear fiscalías especializadas en delitos rurales, luego de que un productor de Coronel Mom, en Alberti, denunciara el robo de al menos 18 cerdos.

La legisladora también viene reclamando desde el año pasado medidas para fortalecer la Patrulla Rural y mejorar la investigación de delitos como abigeato, robos, hurtos, usurpaciones y ataques contra maquinaria e instalaciones agropecuarias.

El segundo frente: los caminos rurales

El otro pedido presentado por Cabezas cambia el foco del delito por el de la infraestructura rural.

El senador busca que el Gobierno bonaerense informe qué datos posee sobre las tasas municipales destinadas a la conservación, reparación y mantenimiento de los caminos rurales, cuánto se recaudó bajo esos conceptos y cuánto dinero fue efectivamente ejecutado durante el primer semestre de 2026.

También reclama detalles sobre las obras realizadas, los kilómetros de caminos intervenidos, la maquinaria utilizada y la planificación prevista para los próximos meses.

El planteo apunta a conocer qué ocurre con los recursos que pagan los productores y otros contribuyentes mediante tasas vinculadas al mantenimiento de la red vial.

Cabezas aclaró que su iniciativa no pretende avanzar sobre la autonomía de los municipios, sino conocer qué información tiene el Ejecutivo provincial sobre esos recursos dentro de sus competencias y mecanismos de coordinación institucional.

El dato que encendió la alarma entre productores

El reclamo aparece después de un relevamiento realizado por UADE, Aapresid, Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina, que mostró un fuerte deterioro de los caminos rurales en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado.

Según ese estudio, el 79% de los productores calificó la transitabilidad como “mala” o “muy mala”.

Además, el 68% aseguró haber sufrido perjuicios económicos debido a las demoras o a la imposibilidad de retirar su producción, mientras que el 59% estimó que el deterioro de las vías incrementa los costos logísticos en más de un 10%.

Para el sector agropecuario, el problema no se limita entonces a una cuestión de comodidad o circulación: un camino rural deteriorado puede convertirse en un costo directo para producir y sacar la cosecha o el ganado.

La discusión también alcanza a Vialidad Nacional

El deterioro de la infraestructura rural se da, además, en un contexto de fuerte caída del gasto destinado a la infraestructura vial nacional.

De acuerdo con el análisis citado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Dirección Nacional de Vialidad cuenta en 2026 con unos $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023.

En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento señala que los recursos ejecutados por Vialidad Nacional pasaron de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025, siempre en términos reales.

El informe aclara, no obstante, que las cifras bonaerenses de 2026 corresponden al presupuesto vigente y no al gasto efectivamente ejecutado, por lo que todavía pueden modificarse.

Así, mientras los productores reclaman caminos transitables y mayor seguridad, la oposición libertaria busca que el gobierno de Kicillof precise qué recursos existen, cómo se utilizan y cuál es la capacidad real del Estado para responder a dos problemas que golpean cotidianamente al interior productivo bonaerense.