El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan José Alvarez, aseguró hoy que antes de que se produjera la tragedia de Cromañón "había gente valiosa y mecanismos adecuados" de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura "correcta" de control, "no alcanzó". Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

  

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes, "no es que no existía nada" en esa dependencia comunal: "Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono".

 

El actual diputado nacional, que declaró hoy como testigo en el juicio político contra el suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, afirmó que en esa secretaría "había gente valiosa, mecanismos adecuados, gente con nivel de formación correcto, pero no alcanzó".

 

Asimismo, dejó en claro que "ninguna autoridad política puso cortapisa" a su gestión, "no las he tenido. Los lineamientos eran claros: saturación de inspecciones, concentración de recursos en lugares críticos, clarísima señal a la sociedad de que esos eficaces operativos fueran transparentes. Todas estas cuestiones estaban claras, no había ninguna recomendación de hacer algo distinto".

 

Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

El diputado indicó que, al asumir su cargo, "llego a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis" en el cual, agregó, había "un fuerte shock", así como "necesidades concretas".

 

Recordó que "los cuadros de la burocracia intermedios estaban en un fuerte shock, cuestionados por el conjunto de la sociedad y en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar".

 

"Frente a esa situación, nuestra gestión, la mía, que duró cuatro meses, estaba marcada por ese estado de situación al que llego. No podíamos decirle a la gente 'ha pasado lo que todos sabemos, hay un área fuertemente cuestionada, entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo reiniciamos nuestra tarea'. Había necesidades concretas", indicó.

 

Según el ex funcionario porteño, "ese fue un momento particularmente complejo para todos nosotros. Intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental irrenunciable del Estado, que es la capacidad de fiscalización, para que en adelante los porteños se sintieran seguros cuando accedieran a los servicios de esta ciudad".

 

En ese sentido, resaltó que las inspecciones se concretaron "sin importar quiénes estaban detrás de los locales y sus niveles de facturación".

 

En ese momento, "había unos 200 boliches funcionando en la Ciudad. A partir de la creación del registro, eran algo menos de 50 los que estaban en orden y podían reiniciar su tarea una sencilla y eficaz solución".

 

"Fue fundamental elaborar el mapa de riesgo", que "tenía que ver con las posibilidades de asignar los recursos", y destacó que cuando un inspector llegaba a un local cerrado, "era una luz amarilla", y si estaba abierto, "si creía que tenía que clausurar, clausuraba".

 

Alvarez evaluó que "las denuncias (de vecinos a las sedes policiales o comunales) eran importantes, es prudente atenderlas, pero una actitud reactiva sería muy poco. Hay que tener una rutina de inspecciones. De nada sirve que la semana equis se hagan 50 mil inspecciones, si después no se van a hacer más. Logramos avanzar sobre una sistematización, que fue positiva".