Por Juan José Alvarez
La sociedad es insegura si no tiene garantizadas las oportunidades para desarrollar-se. No es segura si no son claros los valores por los cuales valga la pena luchar coti-dianamente.
Luego de un largo proceso de reinstitucionalización del País, enfrentamos una nueva etapa en la que el Estado y la sociedad civil deben priorizar una impostergable instan-cia de paz social, equidad, justicia y bienestar. Una instancia superadora que complete y complemente el indiscutido crecimiento macroeconómico que ha protagonizado la Argentina de los últimos años.
Pero esto no será posible si el miedo domina a la sociedad. El pueblo no sólo le teme a los delitos que manifiestan una carga de violencia cada vez mayor; existen otros miedos, otras expresiones de la inseguridad que crecen en los sectores más empo-brecidos de la sociedad.
El desafío, en el marco de los condicionamientos que impone el proceso de globaliza-ción mundial, es lograr para nuestro pueblo formas de crecimiento y desarrollo con jus-ticia social, adaptando objetivos y políticas a los cambios vertiginosos de la era del co-nocimiento. Para eso, es imprescindible que el Estado asuma la responsabilidad de otorgarle seguridad a los ciudadanos en una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar la violencia.
La sociedad reclama medidas urgentes para combatir con éxito el flagelo de la insegu-ridad, aunque la mayoría de los ciudadanos se resiste a creer que existan posibilida-des ciertas de concretar este objetivo. Debemos, por tanto, vencer la indiferencia, la desconfianza y la frustración de la gente.
Si al descreimiento de la gente se le sumara la indiferencia del Estado, la situación empeoraría de manera insospechada. Hace falta aplicar medidas, a mediano y largo plazo, destinadas a combatir las causas de la inseguridad. Pero el miedo no espera.
Ante esta urgencia es necesario trabajar sobre las consecuencias sin tomar decisiones apresuradas basadas exclusivamente en el accionar policial; de hecho, la complejidad de las sociedades modernas hace poco eficaces las tradicionales formas de lucha co-ntra el delito. La seguridad pública no es vista ya como un problema policial o judicial, es un fenómeno social que nos involucra a todos.
Obviamente existen diferentes niveles de responsabilidad. Debemos dignificar la labor policial dotándola de mayor preparación técnica y mejor calidad humana, con un pla-neamiento inteligente y concertado con respecto a las normas legales y a los derechos humanos. Para esto también resulta esencial la participación efectiva de la comunidad, porque sólo desde una profunda actitud de mutua colaboración en la búsqueda común de alternativas y soluciones, se puede abordar racionalmente una problemática tan ur-gente como el mantenimiento de la seguridad urbana.
Este es, sin dudas, uno de los elementos característicos de las organizaciones policia-les modernas, y esta interrelación con diferentes entidades sociales, es la que garanti-za el adecuado control de la manera en que se realice la actividad policial. En definiti-va, un nuevo modelo de vigilancia basado en la incorporación de los ciudadanos en forma dinámica y comprometida en la tarea de prevención.
El Plan de Seguridad que se implementa en esta Municipalidad tiene un fuerte compo-nente de acciones preventivas, porque estamos convencidos que la represión, la segu-ridad privada y las rejas, no son las respuestas adecuadas para erradicar este mal que afecta a todos los sectores sociales de la comunidad.
Se trata de vencer la desconfianza, salir de la apatía, fortalecer la cohesión social, la participación popular, ganarle al miedo, en definitiva: ser libres.
07:51 PM - 2/4/2013 - {0} -
PRÓLOGO escrito por el Dr. Juan José Álvarez, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La constitución de la Mesa Permanente de Justicia, convocada en el marco del Diálogo Argentino, se ha consolidado como un ámbito de discusión y un brazo ejecutor de propuestas y acciones orientadas a dar respuesta a una de las más notorias demandas de la ciudadanía, contar con un sistema judicial independiente, eficiente y de fácil acceso para todos.
En estos meses tan críticos para nuestro país y el conjunto de la sociedad, el objetivo central de todos aquellos que debimos asumir responsabilidades de gobierno estuvo centrado en sacar a la Argentina de la emergencia, recomponer la paz social, reparar la institucionalidad gravemente dañada, asistir a los millones de argentinos a los que la eclosión de la crisis dejó en estado más vulnerable, en definitiva, trabajar, día por día, afrontando las urgencias que la etapa imponía. A pesar de ello no perdimos de vista lo trascendente y estratégico. No quisimos, amparados en la justificación de las urgencias, restarle compromiso a lo importante.
La construcción de consensos en materia de reformas del sistema de justicia argentino, elaborado arduamente en un contexto difícil por un conjunto de actores heterogéneo que se dio en el marco de la Mesa Permanente de Justicia, nos permite mirar el futuro con optimismo. Habla de la capacidad de los argentinos de abordar problemas estructurales en base al diálogo, de la posibilidad de encarar lo estratégico en situaciones desfavorables, de que los acuerdos amplios para construir un futuro mejor son factibles cuando existe compromiso, decisión, generosidad y vocación de servicio. Quiero agradecer a todos los actores que han participado activamente en este espacio, tanto del sector público como de la sociedad civil.
Podemos decir que nuestro primer objetivo ha sido cumplido: entregaremos al gobierno entrante, luego de superada la emergencia institucional y lo peor de la crisis estructural, una visión clara y consensuada de la Justicia que todos queremos, un abanico de acciones en marcha para hacer de esa visión una pronta realidad y un genuino espacio para hacer de esta actividad un ejercicio constante, ya que el fortalecimiento del sistema judicial así lo merece.
Pero más que esto, el trabajo de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino le entrega a la sociedad toda un modelo de construcción de consensos para la formulación de políticas de estado y, a futuro, la esperanza de una Argentina con mejor calidad institucional y un sistema de justicia legitimado en la consideración de los ciudadanos.
07:51 PM - 2/4/2013 - {0} -
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