Congreso: Investigan a jefes de la Policía Federal por la agresión a un camarógrafo de A24

Al menos dos jefes de la Policía Federal Argentina podrían ser sumariados junto a los agentes investigados por la agresión a un camarógrafo del canal A24 durante la cobertura de la sesión del Senado por la Ley de Glaciares, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

Fuentes oficiales confirmaron que se evalúan sanciones “por acción u omisión” contra el jefe del operativo y otros superiores que estaban en el lugar. El foco está puesto en una orden de desalojo incompleta, sin directivas claras sobre cómo ejecutarla.

Orden confusa y aplicación errónea del protocolo

Según las fuentes, existió una instrucción de despeje, pero sin especificar el método.
“Cuando se ordena un desalojo hay que definir el procedimiento. En este caso debía ser por diálogo y permitiendo que camarógrafos y movileros se retiraran de manera gradual”, señalaron.

La falta de precisión derivó en que los efectivos actuaran como si se tratara de manifestantes, aplicando criterios del protocolo antipiquete a trabajadores de prensa, lo que generó tensión y forcejeos.
“Puertas adentro habrá sanciones. Esto fue un descontrol”, remarcaron.

El comunicado oficial de la PFA

La fuerza informó que 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos tras irrumpir en el edificio y trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.
En ese contexto, se montó un perímetro de seguridad para impedir ingresos y egresos, y se solicitó a la prensa mantener distancia por razones operativas.

Durante ese intervalo, la PFA reconoció un “forcejeo con un camarógrafo” que intentaba obtener imágenes dentro del perímetro, episodio en el que se registraron lesiones.

Qué se investiga ahora

La investigación interna busca determinar responsabilidades jerárquicas, especialmente si hubo fallas de conducción y ausencia de directivas específicas. El criterio que se analiza es claro: no solo quién ejecutó, sino quién ordenó y cómo.

El caso vuelve a poner en agenda la protección del trabajo periodístico en coberturas sensibles y la necesidad de protocolos claros para evitar hechos de violencia.