08/08/2006 - Buenos Aires - En una carta que el vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, entregó al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, el Gobierno argentino sostiene que aceptar esa propuesta "implicaría convalidar un acto ilícito" contra este país, destacaron los portavoces.
La misiva, que lleva la firma del canciller, Jorge Taiana, está dirigida a su homólogo uruguayo, Reinaldo Gargano, quien la semana pasada había presentado la propuesta mediante otra carta.
En su respuesta, según las fuentes, Taiana indicó que dar luz verde a esa iniciativa supondría "aceptar los emprendimientos como un hecho consumado" y "tolerar la localización y las tecnologías unilateralmente elegidas por las empresas que los proyectan".
El canciller reafirmó la disposición de Argentina de cooperar con Uruguay en la Comisión Administradora del Río Uruguay, límite natural entre ambos países y donde se construyen las plantas de celulosa, para asegurar los más altos estándares de calidad ambiental en ese recurso compartido.
"Esta cooperación -señala la misiva- debe realizarse de plena conformidad con el Estatuto del Río Uruguay", que, de acuerdo a la posición de Argentina, Uruguay violó al autorizar unilateralmente la construcción de las papeleras en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Argentina y Uruguay mantienen desde hace más de un año un conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa de la firma finlandesa Botnia y la española ENCE en la orilla oriental del río Uruguay, frente a la ribera argentina.
El Gobierno argentino considera que las papeleras dañarán el medio ambiente de la zona y denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, que el mes pasado rechazó una petición de Buenos Aires para que se suspenda la construcción de las plantas.
Por su parte, Uruguay presentó una demanda contra Argentina ante un tribunal arbitral del Mercosur por los bloqueos de pasos fronterizos realizados por argentinos que se oponen a la construcción de las papeleras.
Vecinos de municipios argentinos situados en la ribera del río Uruguay mantuvieron cortados durante 84 días dos de los tres puentes limítrofes entre Argentina y Uruguay.
Esas acciones, según el Gobierno uruguayo, causaron un perjuicio económico de 500 millones de dólares y violaron el tratado que dio origen al Mercosur en 1991 y que establece la libre circulación de personas, bienes y servicios por los países del bloque que también integran Brasil, Paraguay y Venezuela.
Argentina ha rechazado por "abstracta" la demanda uruguaya y señalado que "la libertad de expresión ejercida por los ciudadanos argentinos constituye un derecho humano fundamental que goza de jerarquía constitucional" en este país.
Las audiencias del tribunal arbitral del Mercosur comenzarán mañana en Montevideo, hacia donde hoy viajó una delegación argentina compuesta por dos funcionarios de la Cancillería argentina y siete testigos.
Argentina argumentará que los bloqueos fueron intermitentes y que nunca dejaron completamente interrumpido el tráfico de vehículos con Uruguay, por lo que no afectaron la actividad comercial y turística en la nación vecina. EFE
